Como reza el dicho, mal de muchos consuelo de tontos, porque Huelva vuelve a aparecer en un ranking relacionado con la calidad-0 no- del aire, pero es que el 92% de la población andaluza respira aire contaminado.
Se trata del Informe Calidad del Aire en España 2012, presentado este martes por Ecologistas en Acción. En el estudio, se destaca, entre las diferentes partículas que pueden convivir en el aire, que en la zona industrial de Huelva hay más dióxido de azufre que el médicamente recomendado. Según señala el informe, el dióxido de azufre afectó el pasado año principalmente a los territorios que soportan una intensa actividad de tipo industrial. En este sentido, las zonas en las que hubo más superaciones del máximo valor diario que la Organización Mundial de la Salud (OMS) no recomienda nunca sobrepasar fueron la zona industrial de Huelva y la de la Bahía de Algeciras.
A nivel global, el informe de la organización ecologista, basado en los datos que facilitan las administraciones autonómicas a partir de sus redes de medición de la contaminación, señala que los niveles de contaminación son “un poco más reducidos” que los de años precedentes, pero siguen estando por encima de los valores legales establecidos por la Directiva, y con mucha más frecuencia por encima de los valores recomendados por la OMS.
Además, apuntan que esa reducción no se debe a que haya habido actuaciones correctivas de las administraciones sino por la combinación de una meteorología más inestable, que favorece la dispersión de contaminantes, y la crisis económica, que ha provocado un menor uso de los automóviles y una reducción del consumo eléctrico, lo que ha posibilitado menores emisiones contaminantes de las centrales térmicas.
Ecologistas en Acción ha destacado que la contaminación del aire es un asunto “muy grave”, que causa 20.000 muertes prematuras anuales en todo el país y 370.000 en la Unión Europea, y que las superaciones de los límites se vienen repitiendo “de forma sistemática” en los últimos años.
Además, el colectivo ecologista considera que la información que se da al ciudadano “no es ni adecuada ni ajustada a la gravedad del problema”.
