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Miércoles 27/11/2024
 
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Huelva

Archivan las diligencias por los cursos de formación en Huelva

Auto dictado por el Juzgado de Instrucción 5 de Huelva, uno de los siete andaluces en la investigación

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  • Palacio de Justicia de Huelva -

El Juzgado de Instrucción número cinco de Huelva ha archivado la denuncia contra empresas de Huelva dentro de las investigaciones que se siguen contra estas empresas por supuestas irregularidades en el uso de subvenciones en cursos de formación para desempleados financiados por la Junta de Andalucía.
El juzgado onubense ha emitido un auto con el sobreseimiento y el archivo después de las denuncias presentadas por la Policía y que afectaban a casi una treintena de empresas de la provincia de Huelva.

Auto de principios de julio
De esta manera, se da carpetazo a las diligencias previas en un auto de principios de julio dictado por el juzgado de instrucción número 5 de Huelva, como han confirmado fuentes de la Fiscalía onubense a  Viva Huelva. 
Este órgano judicial era el responsable en Huelva, al igual que otros seis más en otras tantas provincias andaluzas (todas a excepción de Jaén), de investigar el caso de las supuestas irregularidades en el uso de subvenciones en cursos de formación para desempleados financiados por la Junta de Andalucía, de acuerdo con la investigación desarrollada al respecto por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional, como publicó la pasada semana Viva Huelva haciéndose eco de la noticia recogida por Europa Press a la que fuentes judiciales informaron de que, con excepción de la provincia de Jaén, en las siete provincias andaluzas restantes ya había un juzgado de Instrucción en concreto que había abierto diligencias previas por este supuesto fraude y por su posible afección a la provincia onubense en concreto.
En Huelva, como ha quedado indicado, el encargado era el Juzgado de Instrucción número 5, que en un auto de principios de julio ha procedió al sobreseimiento de la denuncia contra los empresarios onubenses.
El auto supone, al mismo tiempo, un respiro para hasta unas cien empresas onubenses que podían estar afectadas por posibles irregularidades tras haber recibido subvenciones de la Junta de Andalucía en materia de formación, que de momento, han quedado desestimadas por el órgano judicial onubense encargado de investigar las mismas.

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