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Viernes 15/11/2024
 
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Huelva

La acusación particular del crimen de Almonte pide la anulación de las escuchas a la madre y expareja de las víctimas

La petición de esta parte hace especial relación a las conversaciones entre esta mujer y su abogada y se justifica en el hecho de que "son irrelevantes" y "no aportan nada" a la causa

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La acusación particular que ejerce la madre y ex pareja de las víctimas en la causa por el doble crimen de Almonte, en la que en abril de 2013 murieron una menor de 8 años y su padre en su domicilio, ha pedido ante la Audiencia Provincial la nulidad de las escuchas telefónicas a esta mujer.

Según han explicado a Efe fuentes jurídicas, la petición de esta parte hace especial relación a las conversaciones entre esta mujer y su abogada y se justifica en el hecho de que "son irrelevantes" y "no aportan nada" a la causa en la que, hasta el momento, está acusado únicamente F.J.M.

Han precisado que, en un primer momento, la petición de anulación se realizó ante el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de La Palma del Condado (Huelva), que lleva la investigación del caso, si bien esté la desestimó.

Esto ha llevado a esta parte a recurrir la decisión judicial ante la Audiencia y llevar su solicitud a este órgano judicial que, por el momento, ya la ha admitido a trámite.

Parte de estas conversaciones entre esta mujer y su abogado salieron a la luz en el mes de enero, poco después de que la juez incoará el procedimiento para juzgar al acusado por el Tribunal del Jurado; entre ellas, una que tuvo lugar en junio del 2014, un día después de que el acusado entrara en prisión y en la que cuestionan que existieran pruebas suficientes para achacarle la presunta autoría de los hechos.

Esta parte ya denunció en su día que se trataba de "filtraciones interesadas" para "poner en entredicho la investigación llevada a cabo por la Guardia Civil y la instrucción desarrollada por el juzgado y la acusación del Ministerio Fiscal y las acusaciones particulares".

Además, entendía que la filtración "excede con creces el derecho de defensa, constituyendo un ilícito penal y una infracción del Estatuto General de la Abogacía, vulnerándose el deber de secreto profesional"; además, su contenido "ningún dato aporta a la investigación".

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