La lluvia de alegaciones que le iba a caer al proyecto presentado por la empresa Fertiberia para la restauración de las balsas de fosfoyesos en Huelva no era difícil de presagiar. Y así fue. Este miércoles acababa el plazo de la fase de consultas de dicho plan y dos administraciones públicas y un grupo municipal han presentado ‘in extremis’ sus alegaciones, que coinciden en que es un plan “claramente insuficiente”.
El proyecto de Fertiberia, que consta de 7.000 folios y de una gran complejidad técnica, tuvo que ser presentado a raíz de una sentencia de la Audiencia Nacional que considera caduca la licencia para el depósito de fosfoyesos en la marisma onubense y ordena su fin y la restauración de la zona.
Así pues, el Ayuntamiento de Huelva, la Junta de Andalucía y el grupo municipal de Mesa de la Ría han detallado este jueves sus alegaciones contra dicho plan.
En primer lugar, el Consistorio onubense ha elevado al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente unas alegaciones “muy críticas” con el proyecto de Fertiberia al entender que “incumple la legislación vigente”, ya que “adolece de un análisis de riesgos para la población y el medio circundante, así como de una adecuada valoración de alternativas posibles”.
De esta forma, el portavoz del equipo de Gobierno, Manuel Gómez, ha indicado que “desde el Ayuntamiento de Huelva no podíamos dejar escapar” este periodo de alegaciones después de “un mes de intenso trabajo” en el que han participado técnicos municipales en coordinación con la Consejería de Medio Ambiente. Además, en estas alegaciones del Consistorio capitalino se incorporan las primeras conclusiones del Comité de Expertos de la Mesa de los Fosfoyesos, liderado por el catedrático José Borrego.
Por tanto, las alegaciones del Ayuntamiento se basan en que “el estudio de impacto ambiental carece de la documentación mínima exigida por la Ley 21/2013” para evaluar los posibles efectos en el medio ambiente; en la incompatibilidad urbanística, porque “el proyecto establece un mero tapado y revegetación del espacio público ocupado”; por no incluir la evaluación de riesgos sísmicos y de inundaciones, de modo que “no se puede tener previstos planes para proteger a la ciudad de riesgos de tsunamis”; además de que en el proyecto “no aparece un análisis de inundabilidad de los barrios limítrofes como Pérez Cubillas, Marismas del Polvorín y polígonos industriales cercanos”.
Todo esto sumado a que es de un “rigor más que discutible” el documento de impacto en la salud que incorpora el estudio o que tampoco se incluyen los impactos y afecciones del proyecto sobre la Red Natura 2000 y sobre el espacio protegido de la ribera de La Nicoba, calificadas dentro de estas marismas como Riberas Forestales de Interés Ambiental.
Por todo ello, desde el Ayuntamiento de Huelva ven que este proyecto “no es la solución idónea” para las balsas y, por ello, ha pedido al Gobierno central que reclame a Fertiberia un nuevo proyecto, “con un informe diferente y que se abra un nuevo plazo de alegaciones”, ha finalizado Manuel Gómez.
Por otro lado, la Junta de Andalucía, sin querer entrar en demasiados detalles, ha presentado también alegaciones al proyecto de Fertiberia. No será hasta este jueves cuando el consejero de Medio Ambiente, José Fiscal, desgrane las alegaciones presentadas por la Junta contra dicho plan en el Parlamento de Andalucía. Eso sí, Fiscal ya ha reiterado en numerosas ocasiones que desde la Administración andaluza se iba a exigir “el máximo rigor y garantías ambientales para preservar el entorno y las marismas”.
“Un antes y un después”
Y aparte de las objeciones de las administraciones, el grupo municipal de Mesa de la Ría (MdR) también se ha unido a las alegaciones, presentando un total de 47, apoyadas con 26.000 firmas ciudadanas.
Las alegaciones de MdR constan de cien páginas y 26 anexos y “marcarán un antes y un después en la problemática relacionada con las balsas de fosfoyesos”, ha asegurado el portavoz de este grupo, Rafa Gavilán.
Las alegaciones de Mesa de la Ría se basan en que el proyecto de Fertiberia -según Gavilán- “no prevé la incidencia de efectos del cambio climático”; en el “incumplimiento de la normativa europea en el ámbito de política de aguas, ya que el proyecto certifica la contaminación de aguas”; “en la inestabilidad morfodinámica de la zona 2, de la afección a la salud de emisiones a la atmósfera en la zona 3 y en la no inclusión de medidas restauradoras en la zona 4”; además de “la afección de riesgos sísmicos y de tsunamis”.
