La empresa Pascual tiene dos frentes abiertos en la provincia de Huelva: de un lado, mantiene la pugna con la Junta de Andalucía en el Hospital Virgen de la Bella de Lepe, lo que le ha valido la apertura de un expediente sancionador; y de otro, el beneficio ilícito alertado por el Consejo Andaluz de la Competencia podría acabar judicializado, dado que Izquierda Unida ha advertido de que va a llevar el asunto a la Fiscalía.
Por una parte, tras el segundo toque de atención dado por la Delegación de Salud el mes pasado a la empresa, a través de una misiva en la que le pedía que cese la atención a pacientes del SAS en el hospital Virgen de la Bella de Lepe, ahora da un paso más tras comprobar la Inspección de Servicios Sanitarios que esta situación se sigue dando pese a no haber “concierto o convenio” entre la Junta y Pascual.
Por ello, con fecha de 3 de mayo, Salud ha emitido un requerimiento, al que ha tenido acceso Viva Huelva, en el que se comunica a Pascual que se va a incoar procedimiento sancionador por “no haber atendido el requerimiento que se le hizo por escrito de fecha 2 de abril, para que cesara en la atención a pacientes que acudan al hospital en calidad de pacientes del Servicio Sanitario Publico de Andalucía (SSPA)”, lo que está tipificado como infracción grave.
Salud también advierte de que “el incumplimiento reiterado de los requerimientos que por parte de esta Delegación Territorial se le hagan pudieran ser constitutivos de una infracción muy grave”.
Salud insiste a Pascual en que “como el Hospital Virgen de la Bella de Lepe no se encuentra actualmente concertado ni conveniado, deberá, desde la notificación del presente requerimiento, cesar de manera inmediata y definitiva la actividad de atención a pacientes que acudan a dicho hospital en calidad de pacientes del SSPA”.
Además de lamentar que esta situación esté “induciendo a error a los ciudadanos”, también hace hincapié la Junta en que “ninguna actuación sanitaria que se genere en dicho centro puede ser factura con cargo al Sistema Sanitario Público Andaluz, al no existir concierto ni convenio”.
De otro lado, Izquierda Unida ha lamentado este martes que la Junta de Andalucía mantenga “una actitud permisiva con el empresario de la sanidad privada José Manuel Pascual, que según un informe del Consejo Andaluz de la Competencia ha obtenido un beneficio ilícito de más de 164 millones de euros por sobrecostes en los servicios que presta a la sanidad pública andaluza, pues se limita a despacharlo con dos sanciones administrativas que alcanzan sólo los cinco millones de euros”. Por ello, el coordinador provincial de IU, Rafael Sánchez Rufo, ha anunciado que van a llevar este asunto a la Fiscalía.
También pide a la Junta que “además de actuar con la determinación suficiente para acabar con los procedimientos irregulares de este empresario de la sanidad privada en cuanto a los servicios sanitarios que ofrece como si fueran concertados, se comprometa a agilizar todas las gestiones necesarias para abrir el público el Chare de la Costa, situado en Lepe”.
