Atrás quedan dos semanas de intensas negociaciones entre Zephir Homes SLU, empresa adjudicataria del 90% del paquete accionarial del Recreativo, y el Ayuntamiento de Huelva. Todo llegó a su fin tras el anuncio de renuncia de la compra por haberse hecho “una licitación que no se ajustaba a la realidad”, según uno de los representantes de Zephir, y tras el comunicado del alcalde de Huelva, Gabriel Cruz, aseverando que lo que pasaba es que esta empresa no tenía “capacidad económica”, cuando días atrás la mesa de contratación del Ayuntamiento optó por proponer a Zephir como la adjudicataria de las acciones.
Finalmente, el Recreativo no será vendido por el momento, su imagen ha sido gravemente dañada por la cantidad de dimes y diretes tanto de Zephir como del Ayuntamiento. Para colmo, seguirá la empresa Eurosamop como gestor deportivo de la entidad y llevándose el 15% de los ingresos brutos de la entidad decana. Por no hablar de que el Ayuntamiento ya ha puesto casi diez millones de euros para salvar pagos urgentes del Recreativo y que, por el momento, no se prevé que vuelvan a las arcas municipales. Todas estas situaciones han provocado el hastío de la afición recreativista, más que evidente en las redes sociales. De hecho, está prevista una concentración para este martes a las 21.00 horas a las puertas del Ayuntamiento con el fin de exigir soluciones en el Recreativo.
El panorama no puede ser más desolador, más si cabe cuando el viernes 28 de junio a las 12.00 horas se deben haber resuelto varios pagos para evitar el descenso administrativo del Decano a Tercera división. El Ayuntamiento de Huelva, como propietario del 98% de las acciones de la entidad decana, debe buscar 1.250.000 euros para salvar al Recreativo, no los 650.000 euros que venían en el pliego de condiciones. Esto se debe al pago de 500.000 euros a la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE), para pagar las nóminas pendientes de la primera y segunda plantilla de la temporada pasada; otro de 150.000 euros correspondientes al quinto pago del concurso de acreedores; y otro más de 603.000 euros a la Real Federación Andaluza de Fútbol (RFAF), por deudas de años atrás no resueltas y que son de imprescindibles para inscribir al club en Segunda división B.
Lo que está visto y comprobado es que este proceso de compraventa de acciones no ha servido para que llegue la solución definitiva al Recreativo. Aún se desconocen datos claros y contundentes para que una empresa pública pudiera sacar a concurso público la explotación de un servicio. Se desconoce la deuda real del club, las auditorías de estas últimas temporadas -lejos queda aquella auditoría forense que fue anunciada y que nunca más se supo-, datos fiscales y un largo sinfín de deudas tan cuantiosas como inesperadas como los más de 750.000 euros que reclama una empresa mexicana por los derechos del exjugador Dani Molina.
Por el momento, la oposición municipal empieza a moverse: Podemos pide la dimisión del alcalde y el PP exige explicaciones. A esperar.
