La Guardia Civil ha detenido a un hombre de 41 años y ha imputado a otras tres personas por supuestos delitos de estafa continuada, falsedad documental, delito societario e insolvencia punible que habrían cometido al vender a 13 familias de La Carolina (Jaén) inmuebles "gravados con préstamos hipotecarios concedidos a la constructora y a la promotora".
Según ha precisado este jueves la Benemérita en una nota, el detenido y una de las personas imputadas en la denominada 'Operación Caroig' lo han sido en la localidad de Sueca (Valencia), mientras que los restantes dos imputados se encontraban en La Carolina.
La investigación se inició en febrero, si bien los hechos se produjeron entre los años 2008 y 2010, cuando 13 familias del citado municipio jiennense adquirieron allí diversos inmuebles --viviendas destinadas para domicilio habitual-- a una sociedad mercantil "en la creencia de que se hallaban libres de carga", cuando, según la Guardia Civil, "en realidad estaban gravados con préstamos hipotecarios de distintas entidades bancarias, concedidos a la constructora y a la promotora".
De acuerdo a lo relatado por el Instituto Armado, la parte vendedora se ganaba la confianza de los compradores "aportando certificados falsos de cancelación contable de las diferentes entidades bancarias de las hipotecas que gravaban los inmuebles e incluyendo cláusulas falsas en las escrituras públicas de compra-venta".
Además, "el dinero cobrado por la empresa vendedora tras la venta de los inmuebles no fue destinado a la cancelación de las hipotecas primarias", según ha concluido la investigación, de forma que los adquirientes de estas viviendas se encontraron "con unas fincas en muchos casos gravadas con las hipotecas que ellos mismos constituyeron para su adquisición, y otros con una vivienda pagada con sus ahorros, pero que, en ambos casos, siguen estando afectadas por otros préstamos hipotecarios anteriores concedidos a la constructora y vendedora".
Las personas que han resultado detenidas o imputadas en esta operación coinciden en estar vinculadas "a las sociedades que conforman el entramado empresarial" que estaría detrás de esta estafa, "bien por ocupar cargos de administradores de hecho o de derecho, u ostentar poderes dentro de las mercantiles".
La Guardia Civil cifra en más de tres millones "el importe de la estafa", una cantidad a la que habría que sumar "el perjuicio causado al resto de acreedores que no han podido cobrar sus deudas al presentar concurso de acreedores".
La investigación ha permitido "descubrir el destino del capital enajenado", que supuestamente iba a parar al "peculio particular de los responsables del entramado y el resto de empresas", así como averiguar la existencia de "más afectados por las mismas causas" que "podrían adherirse a la querella inicial o interponer nuevos procedimientos".
Estos hechos "han causado gran alarma social en la comarca" por el "grave perjuicio económico" generado a las víctimas y la "cierta impunidad" de la que "parecían gozar" los supuestos autores, según ha subrayado la Guardia Civil, que espera que la localización de parte de los activos presuntamente defraudados sirva "para resarcir en la medida de lo posible el perjuicio económico de las víctimas".
