Vicente Oya ha cumplido ya tres años al frente del Colegio de Abogados de Jaén, y en unos meses se enfrentará a la tesitura de si repite o no en el puesto, junto a su junta de gobierno. Han sido los años duros de la crisis en los que se siente satisfecho del trabajo realizado y del propósito, que se hicieron entonces, de cambiar un poco la imagen del Colegio y abrirlo más a la provincia atrayendo a otros colectivos.
“Estamos contentos, pero nos hubiera gustado hacer más cosas, que no han podido ser por falta de medios”, asegura, al tiempo que explica que son varios años sin subir las cuotas, recortando presupuestos hasta llegar al límite y ahora se enfrentan a dos años (2015 y 2016), en los que una de sus fuentes de financiación, las nuevas colegiaciones, se esfuman, al haberse aumentado los requisitos de formación para acceder a la profesión.
Oya, que estuvo acompañado por los miembros de su Junta de Gobierno, José Luis Marín y José María Ortega, considera que la abogacía que viene lo va a tener mucho más difícil porque primero tienen que estar cuatro años de el grado, después un master de 18 meses y después un examen de ingreso. Cuando terminen se pueden colegiar, lo que limita mucho el acceso a la profesión.
Aunque cree que quizás será mejor para la profesión porque se va a estabilizar. “No puede ser que un país como España tenga más de ciento y pico mil abogados, más abogados que en el resto de Europa”, eso sí con una capacitación que ha subido a un nivel muy alto en la última década, porque los que no encontraban trabajo se dedicaban a formarse.
En referencia a la situación de la Justicia en la provincia asegura que los juzgados están colapsados “pero más o menos funcionan”. En la capital hacen falta como mínimo uno más de Familia y otro de Mercantil, o que estos se dedicasen estrictamente a sus temas. En Linares piden que hagan magistrados ya a los jueces, y para Úbeda que centralicen los juzgados. En Martos, los problemas son “gordos” porque las ejecuciones no se llevan a cabo, y entre otras cosas hay sentencias que tardan entre ocho y nueve meses en dictarse. También tienen problemas puntuales en Villacarrillo y Andújar, precisamente para esta última ciudad llevan mucho tiempo pidiendo un fiscal.
Y es que aunque Vicente Oya diga que en comparación a otras provincias andaluzas la justicia no está mal, en Jaén se están fijando juicios para el 2017 y un procedimiento de hurto o un robo está tardando desde su inicio hasta que se señala una fecha un año y medio o dos.
Un ejemplo es el juzgado de lo Mercantil, que además de los concursos de acreedores ahora está saturado a causa de las peticiones de nulidad de las cláusulas suelo. Incluso han tenido que ampliarlo porque no había espacio material para los expedientes. De hecho puede haber todos los días de media de 20 a 25 audiencias previas de este tema.
Respecto a los concursos de acreedores, considera que es una pena porque si hubieran sido más ágiles se podrían haber salvado empresas, y sin embargo el 99,9 por ciento de las que entran en concurso no salen y con ello la provincia pierde potencial y tejido productivo. “Quizás con otro tipo de procedimiento o con más gente que pudiera dedicarse a este tema desde la judicatura, podríamos salvar muchas empresas que se nos van”.
Apunta a la mediación o la corte arbitral, figuras que tienen en marcha en el colegio, como una solución a la tardanza de la Justicia e incluso a los precios, porque son mucho más económicas. El laudo, resolución o acuerdo que se consigue con ellas puede tener la misma fuerza que una sentencia judicial, porque son homologables, el problema es que “en España, en Andalucía y en Jaén no existe cultura de mediación y cuando hay un problema lo primero que se piensa es en irse al juzgado”. En el laudo hay un abogado de un lado y de otro, y desde que se presenta la reclamación se tarda menos de un mes, es mucho más económico, pero somos “nosotros los abogados mismos los que no se lo decimos a los clientes”.
La corrupción es el última de los temas tratados en el desayuno y responde con una receta apoyado por los dos miembros de la junta que le han acompañado. “Nosotros tenemos el antídoto para la corrupción, que la Justicia fuera rápida. Punto. Si una persona entra hoy y en seis meses hacen la instrucción y el juicio, te lo quitas todo, pero lo que no es de recibo es que una sentencia tarde cinco años”. La instrucción es demasiado larga, faltan medios, en algunos casos no hay muchas ganas de correr por sacar adelante el caso, se acepta cualquier recurso. Y concluye recordando que para que la Justicia sea Justicia tiene que ser rápida.
El turno de oficio se ha disparado porque nadie quiere pagar las tasas
La subida de solicitudes del turno de oficio se ha disparado “una barbaridad”, según Vicente Oya, un 30 por ciento en el último año, porque nadie quiere pagar las tasas. Muchos de los casos, que antes se podrían llevar a un procedimiento civil (que lleva aparejado sus tasas), se tramitan por un procedimiento penal (que no las tiene) y después se reconvierte en civil.
Además, para el decano de los abogados jienenses el problema es que se ha juntado el hambre con las ganas de comer. La crisis, unida a que no hay grandes empresas en la provincia, la tasa judicial y la falta de movimiento ha hecho, además, que aumente el número de abogados que se apuntan al turno de oficio, triplicándose. En la actualidad fluctúan entre los 400 y 500, y eso, a pesar de que considera que ningún letrado puede pensar que se puede vivir del turno de oficio y si lo piensa está muy equivocado.
El turno de oficio es muy peligroso, asegura, porque se cobra tarde, y si la Junta de Andalucía se atrasa en liquidarlo tres meses “no llegas”. A eso se une que si antes al trimestre se podían crean unos 200.000 euros para repartirlos entre los 100 o 150 letrados que estaban, el dinero era más o menos rentable, ahora aumenta el número de casos pero el de abogados se triplica. Asimismo, antes era gente con menos recorrido profesional (aunque se exigen muchos requisitos para formar parte del mismo), y cuando llevaba un tiempo lo dejaba. Mientras que ahora, hay profesionales en un despacho que ven que no llegan a fin de mes, y aunque sepan que cobrarán tarde, se meten en el turno para ir medio pagando los gastos.
En cuanto a los atrasos en los pagos, Vicente Oya se manifestaba contento porque esperan que el próximo 31 de enero la Junta de Andalucía se ponga al día con los pagos del año 2014 (18 meses). Sería un hecho histórico, y supondría un ingreso para Jaén de aproximadamente 1.400.000 euros. Todavía no es una certeza, pero sí una un compromiso de la administración andaluza.
