Veinte jóvenes extutelados acogidos por la entidad social ‘Voluntarios de otro mundo’ han empezado a trabajar en la campiña jerezana realizando labores de poda del viñedo, dando un paso más en su proceso de inserción social a pesar de que como critica esta asociación quedan “abandonados a su suerte” cuando cumplen los 19 años, “sin ninguna red social, familiar ni económica”.
Michel Bustillo, delegado de ‘Voluntarios por otro mundo en Jerez’, considera “de justicia” reconocer el “esfuerzo” que realizan estos jóvenes por “mejorar su vida” a pesar de que “algunos se empeñan en criminalizarles”.
Bustillo reconoce que Jerez es una ciudad “muy solidaria” y “con una cartera de recursos sociales que la convierten en ciudad de acogida”, pero también advierte de que “están aumentando los delitos de odio y el racismo alentado por algunos partidos políticos”.
De ahí que considere necesario “recuperar” valores como la “empatía, la tolerancia y el respeto” para así poder construir “una sociedad más justa y fraterna”, así como una ciudad “más diversa y humana”.
“¿Qué hijo nuestro saldría adelante con esa edad tan joven sin ningún adulto de referencia? La calle destruye, la exclusión social degrada al ser humano y lo lleva a situaciones indeseables llevándolos incluso a la comisión de algunos delitos provocados por la situación de supervivencia de vivir en la calle sin nada ni nadie”, explica Bustillo.
El trabajo en red es una de las claves para esta asociación. Gracias a la colaboración del Banco de Alimentos de la provincia de Cádiz, estos jóvenes extutelados se han formado en igualdad y prevención del acoso laboral.
Al mismo tiempo, desde ‘Voluntarios por otro mundo’ se pone en valor “la colaboración entre la administración local, el gran equipo de técnicos que forman el equipo humano de los servicios sociales, otras asociaciones y la ciudadanía solidaria”, que permiten “dar respuesta a las necesidades de una juventud cuyo único empeño es mejorar su vida y la de sus familias”.
La asociación aprovecha para hacer un llamamiento a la ciudadanía, los Cuerpos y Seguridad del Estado y todos los servicios públicos, de modo que reconozcan a estas personas de pleno derecho “sin olvidar la función de proteger al débil”.
