Herrera señaló que, “dadas las circunstancias, este es el camino que debemos seguir”. “Evidentemente existen unas pérdidas muy importantes, pero que a priori consideramos que estarán totalmente justificadas”, destacó, antes de añadir que “no obstante esto lo tendrá que determinar esa auditoría”.
Tanto el alcalde como los consejeros, Diego Sánchez Rull y Julio Martínez Fírvida, recordaron que fue durante la etapa de Gobierno coaligado de PA y PP cuando se fijaron las condiciones que debían marcar la relación entre el Ayuntamiento y los vecinos afectados por el derribo de la antigua barriada del Arroz. Sánchez Rull destacó que la nueva promoción dispone de unas 150 viviendas, “de las cuales sólo se ha podido disponer de 27, ya que el resto hemos tenido que cedérselas de forma gratuita, junto a una plaza de garaje, a los antiguos propietarios de las casas, porque ese fue el acuerdo que PA y PP cerraron con los afectados”.
Por tanto, “lo único que han hecho tanto PSOE e IU ha sido dar cumplimiento a ese acuerdo, que ha tenido como consecuencia las cuentas que hoy arroja la empresa”. “Esa fue una decisión política que ha tenido una trascendencia económica brutal”, aseveró.
Martínez Fírvida comentó que “dadas las circunstancias en que se ha realizado esta obra, difícilmente podía arrojar unos resultados positivos para el Ayuntamiento”. Recordó el “enorme gasto” que han supuesto para las arcas municipales casi siete años de realojos a vecinos, “que comportaban un coste mensual superior a los 36.000 euros”. “A ello hemos tenido que sumar el millón y pico de euros que ha sumado la realización de la plaza pública y otros muchos detalles que han terminado por dar estos resultados de casi 23 millones de euros de coste”, incidió. Herrera apostilló que “toda esa inversión se ha realizado con recursos del Ayuntamiento, con la única ayuda de 800.000 euros procedentes de la Diputación de Cádiz”.
Movilizaciones
Por otra parte, el presidente de la asociación de vecinos Manuel de Falla, de la Cuesta del Rayo, Juan Pedro Ávila, anunció ayer su intención de iniciar un calendario de movilizaciones ante el Ayuntamiento, la semana próxima, por el problema que padecen “unas 40 familias de la barriada del Arroz al recibir en sus cuentas bancarias unos recibos de entre 900 euros en algunos casos y más de 1000 euros en otros”. Unos recibos “incrementados en el tiempo con recargo por no haberlos abonado la empresa municipal Emuviasa en su debido tiempo”.
Ávila destacó que dichos recibos “son originarios del contrato de permuta que se realizó en el año 2003 aproximadamente y por no estar la administración local de acuerdo con el IVA que se aplicó en dicho contrato, el cual se fue alargando en el tiempo y ahora se les quita a los vecinos con recargo de sus cuentas bancarias”.
En la última reunión mantenida con Martínez Fírvida, “nos informó de que el Ayuntamiento sabe que tiene que abonar esos recibos, ya que están recogidos en el contrato de permuta que firmaron los vecinos”. Sin embargo, “el problema es que actualmente Emuviasa carece de dinero para afrontar esos pagos”.
“La única opción que les queda a los vecinos es, según el concejal, pagar y esperar a que Emuviasa devuelva esos importes cuando pueda”. Por ello, en una asamblea, los vecinos, “por unanimidad decidieron emprender medidas de protesta ante el Ayuntamiento, para exigir a este el pago de los recibos y la devolución de los ya pagados por los vecinos”.
Y es que Ávila considera que “no es justo que a pensionistas que cobran 500 euros les retienen en la cuenta 900 ó 1.000 euros, ni a trabajadores en activo que la mayoría son mileuristas les retengan en sus cuentas más de 1.000 euros, por un pago que hace ya mucho tiempo debió haberlo abonado el Ayuntamiento, a través de Emuviasa”.
Gestiones para pagar
Al respecto, Martínez Fírvida incidió en que “el Ayuntamiento reconoce la deuda de algo más de 30.000 euros, pero Emuviasa no tiene fondos para hacer frente a la misma”. No obstante, “estamos intentando gestionar la consecución de fondos para abonarla”.
Para ello, el delegado de Vivienda aseguró que en la actualidad “gestionamos vender algún piso o una plaza de garaje de la barriada, con este objetivo”.
En cualquier caso, Martínez Fírvida dijo ser consciente de que “hay vecinos que son pensionistas pero, en principio, el que está obligado a pagar eso es el propietario de la vivienda”. No obstante, “existe un compromiso mediante convenio firmado por PA y PP mediante el cual se hacía cargo de esa deuda, así como del paso de la luz, el agua, el teléfono...”
