Según pudo saber este diario en los últimos días, el fiscal entiende que efectivamente el dinero correspondiente a las multas de tráfico y retiradas del servicio de grúa municipal pudo ubicarse en una caja diferente a la caja municipal, pero que este desvío de la recaudación no puede probarse que se haya llevado a cabo para fines fraudulentos. Más aún, fuentes consultadas por este diario apuntan a que el fiscal podría haber considerado estas prácticas como una actuación poco ortodoxa, fruto de un incorrecto tratamiento del dinero que entraba en el Ayuntamiento, más que una acción con una intención manifiesta de delinquir.
Estas conclusiones de la Fiscalía no explican, sin embargo, cuál fue el destino de los 55.000 euros que, como aparece en una documentación aportada por el portavoz socialista en el Registro de Entrada durante una sesión de la Comisión, se recaudaron en una contabilidad paralela.
Comisión investigadora
La noticia del archivo de las diligencias llega pocos días antes de una nueva sesión de la Comisión de Investigación abierta en el Ayuntamiento para indagar las supuestas irregularidades cometidas en la recaudación de la Policía Local entre 1999 y 2007. En principio está prevista para principios del próximo mes de noviembre, y podría ser la última. El conocimiento de la resolución judicial podría acelerar que finalice el trabajo de este organismo.
Desde diciembre de 2008, fecha en que el andalucista Manuel Melero tomó las riendas de la comisión, se han aportado gran cantidad de documentos por parte de instancias municipales y han pasado por las distintas sesiones decenas de testigos, la mayoría funcionarios municipales. El PSOE aún reclama que se aporten documentos que demustren los ingresos en las arcas municipales de los cobros sospechosos.
