La denuncia contra el que fuera alcalde de San Roque en el momento de la adjudicación, Fernando Palma, así como contra José Cabrera Mengual y Ramón Ramírez Torti, todos ellos del Partido Popular, se sustenta en una extensa documentación con la que se trata de demostrar la comisión de supuestos delitos de prevaricación, tráfico de influencias, falsedad documental, negociaciones, actividades prohibidas a los funcionarios, malversación de caudales públicos y cohecho.
En suma, los firmantes de la denuncia -Ruiz Boix y los también integrantes del grupo socialista Juan Miguel Martínez y María Moncayo- hacen referencia al supuesto trato de favor recibido por la empresa adjudicataria del proyecto en la TG-22, Vverh, como “el cambio de valores que, en beneficio de la empresa, han determinado una mayor cuota de impuestos a los particulares en detrimento de la que había de soportar la firma adjudicataria”.
En base a una tabla con estos datos, el importe percibido por el Ayuntamiento con la concesión (5.266.263,74 euros) se diferencia con respecto al escriturado (3.690.306,99 euros) en 1.575.956 euros, mientras que en el caso de Vverh, esta diferencia es de 1.403.436 euros con respecto a los 6.816.919,69 euros por los que se le concedió la adjudicación. Todo ello excluyendo el IVA. Los particulares, por su parte, habrían tenido que pagar “impuestos por 172.520,68 euros más de los que les correspondían”.
Ruiz Boix estima, asimismo, que “puede comprobarse en la escritura pública de compraventa que se ha eludido el control y la intervención municipal sobre el importe de la diferencia entre el valor de adjudicación y el valor escriturado correspondiente a la finca de propiedad municipal, es decir, se ha eludido el control e intervención sobre un importe de 1.575.956,75 euros”.
Asimismo, señaló que “las mejoras previstas se computan como parte del precio de licitación de la subasta” y se acordó el fraccionamiento del pago de dichas mejoras (1.078.000 euros) de manera fraccionada.
Ruiz Boix manifestó sus dudas respecto a que “si la cantidad ofertada como mejoras, al no venir consignada en la escritura, fue o no declarada”, y dio constancia de que “dicha suma, lejos de ingresarse en las arcas municipales, fue a engrosar las cuentas corrientes de Emroque, sin que el interventor ni el Pleno pudiesen autorizar la transferencia”.
Asimismo, el Grupo Socialista recordó a la fiscal las cintas en las que se grabaron conversaciones del ex alcalde con miembros del equipo de gobierno, asesores y técnicos, “en los que se aludía, con toda claridad, a una serie de repartos de sumas obtenidas por actuaciones urbanísticas”.También hizo constancia Ruiz Boix al proyecto de reparcelación de la zona aprobado por el Consistorio en 2005, cuyo desarrollo suponía la expropiación de dos propietarios, quienes denunciaron que no se les notificó esta posibilidad.
Ejecución
Entre otras cuestiones, el escrito explica cómo el Ayuntamiento habría concedido una licencia para movimientos de tierra en una parcela menor para un análisis geotécnico que habría “llegado mucho más allá para convertirse en la ejecución de auténticas obras de ejecución anticipada”.
Los denunciantes fueron al Palacio de Justicia algecireño en compañía del edil socialista Miguel Núñez.
