El delegado municipal de Economía, Hacienda y Patrimonio, Francisco Delgado, habría trasladado a la alcaldesa, María José García-Pelayo, su decisión de abandonar sus responsabilidades de gobierno ante la difícil situación en la que se encuentra el Ayuntamiento.
Según ha podido saber este medio, a través de fuentes internas y fidedignas del propio Partido Popular, García-Pelayo le habría pedido a Delgado que reconsiderase su postura, otorgándole un margen de tiempo en la confianza de que se mantenga en su puesto.
Desde el Gobierno local niegan la mayor y aseguran que no se ha producido ningún tipo de renuncia o dimisión por parte de Delgado, ni por escrito ni en forma oral, y que, de hecho, en el día de ayer seguía desempeñando su trabajo en la sede del Ayuntamiento y atendiendo a la agenda oficial. No obstante, este periódico requirió al jefe de comunicación del ejecutivo local la posibilidad de conversar directamente con el propio delegado municipal para conocer en primera persona su impresión ante la filtración realizada por miembros de su propio partido. Fue imposible, ya que se insistía en hacer prevalecer la versión ofrecida por el equipo de Gobierno y se aseguraba que Delgado se habría tomado a broma el contenido de la información.
No obstante, detrás de la decisión de Delgado, según las mismas fuentes del PP, se encuentra el complejo escenario económico en el que se encuentra el Ayuntamiento, sin posibilidad siquiera de aprobar el presupuesto municipal del presente ejercicio y con dificultades de disponer del crédito necesario para hacer frente al pago de las nóminas del personal.
No en vano, el pasado mes de noviembre ya fue necesario aprobar una serie de modificaciones presupuestarias –por importe de 4,7 millones de euros- para garantizar el abono de los salarios hasta el final del ejercicio 2023, dándose el caso de que algo más de la mitad de ese crédito se destinó al pago de productividades y gratificaciones.
Desde entonces se han firmado varios convenios que han incrementado aún más el gasto, entre ellos el del personal laboral del Ayuntamiento, que incluye entre otras cosas una paga extra de 2.160 euros anuales por los gastos que conlleva acudir a trabajar.
También se han firmado convenios favorables a los intereses de las plantillas de los servicios de ayuda a domicilio y transporte urbano, entre otros, ambos integrados en Comujesa, que desde el mes de mayo pasado hasta febrero ha incrementado un 192,83 por ciento su periodo de pago a proveedores (PMP), que ha pasado de 37,85 a 136,46 días.
En estos últimos días se ha sabido también que el Ayuntamiento de Jerez es el segundo de España en volumen de ‘facturas en el cajón’, según los últimos datos divulgados por el Ministerio de Hacienda y Función Pública, que hacen referencia al último trimestre del pasado ejercicio 2023.
Con 45,5 millones de euros de obligaciones pendientes de aplicar al presupuesto (OPA), el Consistorio jerezano se ve únicamente superado por el de Las Palmas de Gran Canaria (49,6), aunque también es cierto que la capital insular tiene 378.027 habitantes, por encima de los 213.233 de Jerez.
La decisión de Francisco Delgado debería enmarcarse por tanto en este contexto y apenas unas horas después de que la concejala y diputada socialista Mamen Sánchez acusara a García-Pelayo de llevar al Ayuntamiento de Jerez “a otro caos económico y financiero”, entre otras cosas porque “está cometiendo muchos errores” y “queriendo ser la buena que reparte todo”, cuando la administración pública “puede gastar lo que ingresa”.
Delgado no se ha prodigado especialmente ante los medios en estos meses de gestión del Gobierno de García-Pelayo a pesar de estar al frente de una de las áreas de mayor peso político. Antes de sumarse a la candidatura del PP ejercía como director general de Veiasa, la empresa pública dependiente de la Junta de Andalucía que gestiona las inspecciones técnicas de vehículos (ITV).
