En su exposición ante el Juzgado de Instrucción de Algeciras, la empresa constructora argumenta que ambos podrían haber cometido un supuesto delito de prevaricación, recogido en el artículo 404 del Código Penal. Por este motivo, la compañía pide la inhabilitación de ambos por un periodo de ente 7 a 10 años tras la “resolución ilegal del contrato” de obras.
El gerente de la constructora, Darío Rodríguez, adelantó ayer que tras la resolución del contrato el Ayuntamiento habría abonado a la empresa unos 40.000 euros.
Este ingreso se habría realizado a cuenta de la deuda total que el Consistorio mantiene, que según Rodríguez alcanzaría la suma de 378.000 euros “según recoge un informe del propio interventor”.
La calle Trafalgar permaneció cerrada al tráfico durante más de un mes hasta que el Ayuntamiento decidió resolver el contrato y hacerse cargo de las obras de mejora, aún no finalizadas.
