El origen del problema se encuentra en el papel que desempeñan en la institución los siete ayuntamientos de la comarca. El incumplimiento por parte de las entidades locales de las responsabilidades de pago para soportar la financiación de Mancomunidad es uno de los frentes más preocupantes a los que se enfrenta la institución.
Diego González de la Torre cifra en algo más de dos millones de euros la deuda que los ayuntamientos mantienen con el ente mancomunado. Todos, sin excepción, han incumplido de manera reiterada sus compromisos de financiación, lo que deja en la actualidad a la Mancomunidad, en el contexto generalizado de dificultad económica actual, debatiéndose al filo de su propia desaparición.
Así lo planteó esta semana su presidente a los siete alcaldes del Campo de Gibraltar, a quienes trasladó lo precario de la situación y la necesidad de abordar de frente un problema que ha venido siendo provocado por la irresponsabilidad de los consistorios a lo largo de los años.
Las palabras de De la Torre al finalizar la reunión fueron claras y tajantes, y hablan por sí mismas de la necesidad de afrontar la situación del ente mancomunado de una manera inmediata y contundente: “Yo he planteado claramente a los alcaldes si quieren o no que exista la Mancomunidad. Si estamos convencidos de que sí, como han señalado, entonces deben colaborar a ello, porque los municipios son sus propietarios, son ellos los que deben definir el modelo y la financiación”.
Para el actual presidente del ente comarcal “este modelo de Mancomunidad está agotado. Los ayuntamientos no aportan, incluso algunos servicios que se han prestado, no se han abonado. No he querido echar balones fuera sobre la herencia recibida, ni nada de eso. No se gana nada ni se soluciona nada. Yo lo que quiero son soluciones. Creo en la Mancomunidad y mi equipo cree en la Mancomunidad, por eso he querido trasladar a los alcaldes la pregunta de si ellos creen o no en la Mancomunidad. Por su reacción parece que sí, que creen que es necesaria”.
En sus declaraciones, Diego González insistió en que la continuidad de la Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar requiere otro modelo, ideas nuevas y “por eso he pedido a los alcaldes que definan sus criterios”, añadió.
Arcgisa
Por otro lado, el presidente quiso separar la Mancomunidad de la empresa de servicios Arcgisa, sobre la cual dijo que si se debía debatir sobre su futuro se hiciera en su Consejo de Administración. “Este foro, el de hoy, es el de la Mancomunidad –insistió González de la Torre-. El documento que se les ha entregado es el mismo que se les entregó a todos ellos cuando a principios de año les visitamos uno por uno. Les pedimos que hicieran, en base al mismo, sus propuestas y hasta hoy no hemos recibido contestación de ninguna de ellos”.
“Hoy nos hemos comprometido todos a que dentro de quince días, el 7 de mayo, volveremos a reunirnos con propuestas concretas para salir de esta situación, sobre qué modelo de financiación proponen. Desde la base clara de que la Mancomunidad será lo que quieran los alcaldes que sea. Yo no puedo decidirlo solo. No me corresponde”, añadió el presidente.
Sobre las cuotas que establecen los estatutos de la Mancomunidad y que deben abonar anualmente los ayuntamientos, González de la Torre explicó que “hasta ahora no se han revisado esas cuotas, que datan de hace muchos años, porque nadie las pagaba. Nadie se había acordado de ellas. Si se quiere adaptarlas a la actual situación, son ellos, los alcaldes, quienes deben ponerse de acuerdo para hacerlo”.
“Mi objetivo era poner de manifiesto la inquietud de que si no se hace algo la Mancomunidad puede desaparecer. Ellos han visto que es una necesidad su existencia. Pues entonces tienen que poner los medios para ello”, concluyó.
La pelota está ahora en el tejado de las corporaciones locales, que son las que están llamadas a estudiar, debatir y plantear cuál debe ser ese nuevo modelo que saque al ente comarcal de su inmovilidad actual y que plantea incluso dudas sobre el papel de una institución clave en la historia pasada y futura de la comarca.
Proveedores
Otro de los frentes que debilita la actual capacidad de respuesta de la Mancomunidad son las elevadas deudas que la institución comarcal mantiene con distintos proveedores. Por ello, el ente comarcal ha pedido tener acceso también a un plan especial para el pago a proveedores, como el que ya está en marcha para las comunidades autónomas y ayuntamientos a través del Instituto de Crédito Oficial (ICO).
La Comisión de Mancomunidades de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), presidida por el alcalde barreño, Jorge Romero, ya ha movido ficha, y estudia un documento en este sentido presentado por Romero a propuesta del presidente de la Mancomunidad campogibraltareña, Diego González de la Torre.
En él, se solicita al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas que “se busque la fórmula para que las mancomunidades puedan solventar sus problemas financieros en la línea que se ha establecido para que los municipios y comunidades autónomas puedan hacer frente a las deudas con sus proveedores”.
La comisión de mancomunidades, reunida recientemente en Madrid, también analizó una propuesta que busca posibilitar la participación de las mancomunidades de municipios en la financiación del Estado (PIE) a los entes locales por la prestación de servicios.
La cita también sirvió para la aprobación del plan de trabajo de la comisión, que incluye la elaboración de un registro que actualice la información referida a competencias y legislación económica de estos entes territoriales, así como su tipología, resultado para ello prioritaria la colaboración con el Registro de Entidades Locales del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, para conocer el número exacto y actualizado de entes mancomunados y las características de los mismos, según explicó el propio colectivo de municipios y provincias españolas.
Así mismo, se abordó un plan de formación planteándose, desde la comisión, la necesidad de convocar cursos o encuentros entre responsables de mancomunidades, así como el intercambio de experiencias relacionadas con las actividades de las distintas policías locales. Una incitativa que ayudará a poner en común diferentes experiencias y vivencias en otros casos, que sufren otras mancomunidad, para buscar la mejor vía para solucionar incidentes.
La Junta también debe
Los ayuntamientos de la comarca no son las únicas entidades que dejan a la Mancomunidad en una situación peligrosa. También los impagos de la Junta de Andalucía han provocado importantes perjuicios en el ente, fundamentalmente en lo relativo a las políticas activas de empleo.
Así se lo ha trasladado también esta semana la vicepresidenta de la Mancomunidad, Inmaculada Olivero, a los siete concejales de Fomento Económico y Empleo de la comarca, de cara a aunar criterios ante la grave situación que atraviesan por el retraso en el abono de la financiación por parte de la Junta de Andalucía, destinada a las distintas acciones formativas y de promoción del empleo.
Todos los concejales coincidieron en poner de manifiesto la dificultad en la que se encuentran al no recibir los pagos comprometidos para la financiación de escuelas, talleres y cursos ya realizados y el anuncio de reducciones en los anticipos de cara a los futuros por falta de liquidez del Gobierno autonómico.
Del encuentro salió la necesidad de aunar criterios y de intentar una actuación conjunta, de la mano de la Mancomunidad, aunque igualmente se convino en que había que esperar para realizar cualquier gestión a la constitución del nuevo Ejecutivo que se espera quede conformado en pocas fechas.
De forma unánime se concluyó que el sistema de adelanto de parte de la financiación necesaria por los Ayuntamientos y de las entidades que solicitan las acciones relacionadas con el fomento del empleo, podía ser factible en el pasado, pero ante la actual situación económica se convierte en inviable para unas administraciones locales con escasos recursos.
La vicepresidenta señaló que la Junta le adeuda a Mancomunidad 1,7 millones de euros de programas ya realizados o por pagos efectuados de programas en marcha.
Los ediles destacaron unánimemente que, si no hay adelantos de los pagos, no se podrán realizar los programas de empleo. Por ello, ante la actual situación económica, también este modelo de financiación se convierte en inviable para unas administraciones locales con tan escasos recursos.
