El Tribunal de la Sección Octava de la Audiencia Provincial de Cádiz, con sede en Jerez, decide este martes si procesa o no a la ex alcaldesa socialista Pilar Sánchez por cinco presuntos casos de ‘enchufismo” de personal de confianza y asesores en una causa propiciada por la denuncia del también ex alcalde andalucista y ex socio de Gobierno Pedro Pacheco, que ejerce la acusación popular.
A juzgar por las dudas manifiestas que mostró este lunes el fiscal, en relación a una de las cuatro cuestiones previas planteadas, no está ni mucho menos claro que Sánchez ni el resto de imputados vayan a permanecer toda la semana en el banquillo. De todas ellas, la más peliaguda y que en cierta manera “compartió” la Fiscalía -que no se persona en este caso al igual que el Ayuntamiento- es la posibilidad de que se pudiera incurrir en indefensión sobre los acusados debido a una parte del escrito de calificación de los hechos de la acusación popular.
Planteamiento en el que, por supuesto, Cosano fue taxativo, afirmando que dicho escrito “en absoluto satisface las mínimas exigencias legales y se piden penas no contempladas en el código penal para los delitos que se imputan, lo que causa una indefensión patente”, afirmó al término de la vista.Por su parte, el Ministerio Público en este asunto llegó a calificar esta parte del escrito de acusación como “un puzzle difícil de entender, en el que no sabemos qué delitos se imponen a los acusados”, en relación a los presuntos delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos, falsedad documental que solicita la parte acusadora.
No obstante, sí se opuso a las otras tres cuestiones previas que planteó Cosano, que lideró esta exposición, y a la que se adhirieron el resto de letrados, empezando por la conocida como ‘doctrina Botín’ que viene a cuestionar la posibilidad de celebrar juicio si no hay una acusación pública, en tanto que se persona solo Pacheco. A este respecto, el abogado de este último, Manuel Hortas, en la misma línea de las manifestaciones que realizó el fiscal -que entiende que sí hay legitimación para abrir un juicio oral- defendió que en los delitos planteados como prevaricación y malversación contra la administración pública existe una “afección al ciudadano” y hay que mirar “por el bien de la colectividad”.
Prescripción de delitos
También se apoyó Cosano y el resto de sus colegas para pedir la nulidad en la prescripción de delitos como la falsedad documental que se les imputa a su patrocinada y al resto de acusados, mientras también se aludió a las dilaciones indebidas del proceso. En cualquier caso, la pelota ahora está en el tejado del tribunal, que viendo la densidad y la extensión de las cuestiones planteadas así como las dudas manifiestas del fiscal, decidió suspender la vista a la espera de resolver en la mañana de hoy estas cuestiones.
Pueden darse dos supuestos, que el juez decida continuar este martes, o que archive la causa dictando una sentencia absolutoria y, aunque Cosano la descarta, Hortas también asegura que “procesalmente se pueden aclarar las cosas” y que, por tanto, sí cabe modificar el escrito de calificaciones de los hechos -que él asumió en diciembre de su predecesor en el caso, Felipe Meléndez- tan “confuso” para que las piezas encajen.
Mientras que para Sánchez se llega a pedir hasta 23 años de prisión, para el resto de imputados, los asesores Dolores Caravaca, Rubén Pérez, Rosario Cano, la ex delegada municipal África Becerra, el encargado del Plan Urban, Francisco Gil o el técnico Jose María Martínez las penas se quedan en cuatro años de prisión o inhabilitaciones.
Juan Pedro Cosano: “Es muy posible que se archive”
“Confíamos en que la sala termine mañana (por hoy) este desdichado procedimiento. Es muy posible que se archive. No sabemos de qué tenemos que defendernos puesto que no existe imputación concreta y delimitada de cada delito. Y lo fundamental es que el fiscal se ha adherido a esto último”.
Manuel Hortas: “No hay causa para la nulidad”
“El escrito de acusación es complejo pero esto no significa que esté mal hecho. Hay que encajarlo. Aquí hay meteduras de patas considerables; las cosas se han hecho mal y se ha incurrido en delito. Nombrar a una serie de personas sin respetar el procedimiento legal es reprochable”.
