El gobierno pide a la Junta de Andalucía que cumpla con el compromiso de presentar una alternativa al Plan Especial del Viñedo y recuerda que el propio delegado territorial de la administración andaluza, Federico Fernández, dijo el miércoles, en declaraciones a los medios, que se iba a volcar en buscar una alternativa a este proyecto. El gobierno municipal no entiende “los altibajos y contradicciones del delegado territorial, que ahora dice que no puede presentar alternativas porque es competencia del Ayuntamiento cuando se ha echado atrás el Plan del Viñedo por celos competenciales”. Desde el gobierno se considera “la Junta continúa con su actitud de destruir en lugar de construir”.
El Ejecutivo municipal considera que es “una falta de respeto a todos los jerezanos y una deslealtad institucional las continuas contradicciones y cambios de parecer de la Junta de Andalucía ante este plan”. Pide, por tanto, a la administración andaluza “que se aclare en este asunto y se deje de incoherencias, pues un día dice que son sus competencias y ahora, cuando el gobierno municipal ha hecho un gesto de buena voluntad y decide anular el plan, dice que son del Ayuntamiento”.
En este sentido, el gobierno recuerda que, “en un gesto de buena voluntad”, ya anunció que “iba a llevar un acuerdo al próximo pleno con dos puntos en el orden del día, uno para anular el plan y otro para instar a la junta a que presente una alternativa”. “En declaraciones a los medios, el delegado territorial dijo que iba a buscar una alternativa, y ahora, cuando el gobierno municipal da un paso adelante para sacar adelante un proyecto que es vital para el viñedo, la Junta dice que no presentará ninguna alternativa y que es competencia del Ayuntamiento”.
En este sentido, le pide a la administración andaluza “que se deje de incoherencias y contradicciones, que abandone polémicas estériles y actúe de forma rápida, pensando en el interés general de la ciudad y de todos los jerezanos porque la situación actual no está para cambiar de pareceres de un día para otro”.
El Ejecutivo local reitera que “esto no es un revés municipal sino un revés al viñedo, al sector y a todos los jerezanos. y recuerda que el Plan del Viñedo tiene como objetivo la generación de empleo y riqueza, aprovechando al máximo el potencial económico del mismo”.
El gobierno recuerda que “el viñedo es un asunto en el que hay que dejar de lado los intereses partidistas y tener en cuenta los intereses de los jerezanos, en un momento en el que la situación económica requiere llevar a cabo iniciativas que pueden ser una salida para todos los jerezanos”.
Bajo la ‘sombra’ de la Toscana
El 26 de septiembre de 2012, el Ayuntamiento presentaba en sociedad el documento base del Plan de Desarrollo y Promoción del Viñedo, con el objetivo de recuperar 4.748 hectáreas localizadas de modo mayoritario en la zona oeste del municipio, poniendo en valor esta superficie desde el punto de vista enológico y turístico. Se trataba de algún modo de rentabilizar el viñedo como fuente de riqueza más allá de la mera producción de caldos, propiciando el desarrollo económico y turístico de la campiña.
Ese día, tanto la alcaldesa, María José García-Pelayo, como el entonces delegado municipal de Urbanismo, Antonio Saldaña, reconocían públicamente que el plan se inspiraba en regiones vitivinícolas como la Toscana (Italia) o Napa Valley (California). En presencia del presidente del Consejo Regulador del Vino, Beltrán Domecq, defendieron la necesidad de facilitar la recuperación y reutilización del patrimonio ya edificado, como viñas o antiguos lagares, y su reconversión en negocios vinculados a la hostelería.
De manera complementaria, el plan abogaba desde un primer momento por la recuperación de zonas degradadas, apostando por la mejora de la red de caminos públicos existentes para facilitar y mejorar los accesos a esas construcciones enclavadas en zonas de viñas. Era el primer paso para desarrollar el documento definitivo que posteriormente debía ser trasladado al Pleno municipal para su aprobación.
Seis meses después, a finales de abril, los técnicos de la Delegación de Urbanismo habían finalizado ya su trabajo. García-Pelayo definió entonces al documento como un “paragüas” que vendría a ofrecer cobertura legal a la puesta en marcha de distintas iniciativas de carácter económico en la campiña sin necesidad de que sus promotores tramitaran expedientes que normalmente consumen “entre ocho y nueve meses” de trabajo. “Es como un PGOU específico para el campo que permite poner en marcha iniciativas de desarrollo económico y a la vez, nos garantiza la protección del patrimonio existente”, explicó entonces la propia alcaldesa.
aprobación en el pleno municipal
El Pleno municipal aprobó a principios del pasado mes de febrero el Plan Especial del Viñedo, una iniciativa que entonces contó con el voto favorable de todos los grupos políticos presentes en la Corporación. Agustín Muñoz, que había relevado ya a Antonio Saldaña como delegado de Urbanismo, consideró entonces que el plan se convertía en “una garantía” para todos los propietarios de la zona afectada, al tiempo que reducía los costes a los promotores al no verse obligados a realizar estudios de impacto ambiental. Tras su aprobación en Pleno, se iniciaba “la fase de promoción de las infraestructuras necesarias y la de difusión y comercialización” del documento.
Sobre el papel, todo parecía transcurrir con absoluta normalidad. Tanto el Consejo Regulador como las distintas organizaciones agrarias respaldaban una iniciativa encaminada a garantizar la viabilidad económica de las explotaciones vitivinícolas, afectadas en las últimas décadas por la crisis de consumo y necesitadas por tanto de una alternativa. Y ahí pesaban los ejemplos de la Toscana o Napa Valley, esos referentes a los que miró el Ayuntamiento cuando comenzó a trabajar en el plan. La viña no sólo podía vivir del vino, sino del enoturismo, un sector emergente con claras posibilidades de expansión. Ni siquiera en el Pleno municipal hubo voces discrepantes hacia un documento que todo el mundo valoraba.
Sin embargo, algo debió fallar en la tramitación administrativa del plan para que a finales de abril la Junta instara al Ayuntamiento a que en el plazo de un mes anulara el acuerdo de aprobación definitiva del documento al considerar que infringía la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA).
Desde la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio se argumentaba que el plan hacía caso omiso de la Ley andaluza, tratando de articular fuera del ámbito de las competencias municipales un procedimiento para las actuaciones de interés público en suelo no urbanizable que ya contempla y desarrolla la normativa autonómica.
En el requerimiento enviado al Ayuntamiento también se dejaba claro que el plan aprobado no aportaba ninguna novedad ni especificaba ninguna actividad concreta que no esté ya recogida en el Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU).
Incluso, la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio advirtió de que la aprobación definitiva del plan se produjo a pesar de que trámites como el informe de Valoración Ambiental ni siquiera habían concluido, existiendo además informes previos desfavorables.
En estas últimas semanas, Ayuntamiento y Junta han mostrado su convencimiento de que la iniciativa de apoyo a esas actividades complementarias es positiva, pero no han terminado de cerrar ningún acuerdo capaz de zanjar el embrollo jurídico y administrativo en el que se encuentran inmersos. Finalmente, el Consistorio no anuló el plan y la Junta acudió a la vía contencioso administrativa. Ni siquiera el sol de la Toscana ha sido capaz de iluminarles...
