El Juzgado de Instrucción número 4 acoge desde hoy las primeras declaraciones de delegados y técnicos municipales como consecuencia de la denuncia interpuesta por Urbanos Amarillos, la anterior concesionaria del servicio de transporte urbano. La empresa privada considera que el Ayuntamiento incurrió el posibles delitos de apropiación indebida, prevaricación, administración desleal y estafa en el proceso de rescate de la concesión del servicio.
La alcaldesa, María José García-Pelayo, se mostró ayer tranquila ante un procedimiento judicial que, a su juicio, es consecuencia del deseo de Urbanos Amarillos de “sacar tajada” de una negociación. García-Pelayo advirtió de que el Gobierno local no se va a “someter a ningún tipo de presión”, ya que entre otras cosas tiene claro que adoptó “la mejor decisión” posible para garantizar la prestación del servicio.
Además, la decisión municipal fue avalada por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) y el Consejo Consultivo de Andalucía. “Ahora estamos en un pulso que ha planteado la empresa. Creo que ese no es el camino, sino el de la negociación. El Ayuntamiento no va a dar nunca más de lo que le corresponda por muchas querellas que quieran poner”, zanjó.
