La sección octava de la Audiencia Provincial acogerá del 1 al 23 de marzo el juicio por la operación Halcón, una década después de que esta trama dedicada a la emisión de facturas falsas en la sierra saltara a la luz. En el banquillo de los acusados se sentarán 19 imputados, entre ellos el ex jefe de la Policía Local de Ubrique, Carlos Carretero, considerado el cabecilla de la trama, y su pareja E.I.C.G. La investigación de esta operación, estrechamente ligada a la operación Karlos, se remonta a 2005, cuando en noviembre de ese año un juzgado de Jerez abrió diligencias por un presunto fraude muy “generalizado” en la provincia de Cádiz.La Agencia Tributaria, que se persona como acusación particular en este caso, detectó un supuesto “negocio” vinculado a la economía sumergida que consistía en la presunta comercialización en el mercado negro de facturas para desgravarse impuestos de manera ilegal.
Esta práctica causó a las arcas públicas un agujero de 7,6 millones de euros a través de la defraudación de cuotas del IVA y del Impuesto de Sociedades. La instrucción de este fraude millonario a cargo del Juzgado número 2 de Jerez terminó en 2009 pero no ha sido hasta seis años después cuando se ha señalado el juicio, que se celebrará en sesiones de mañana y tarde.
Según el escrito de acusación del Ministerio Fiscal al que ha tenido acceso este periódico, el acusado Carlos Carretero, también condenado por el caso Karlos en 2012, ideó en el periodo comprendido entre 1999 y 2000 “la creación de una estructura integrada por entidades con forma societaria e individuos que actuarían como testaferros suyos, con el objetivo de beneficiarse ilícitamente aprovechándose de la dificultad de las empresas que realizan su actividad en la economía sumergida para vender sus productos, y sobre todo, de las que, no hallándose en tal situación, compran mercaderías a las anteriores”, sin poder justificar tales compras ni compensar, obviamente, el correspondiente al IVA, realmente no soportado en dichas operaciones, con el repercutido a sus clientes.
Igualmente -precisa el fiscal- “tal provecho ilegal provendría del propósito de muchas de estas entidades mercantiles de reducir indebidamente la cuota adecuada a la Hacienda Pública en concepto de Impuesto de Sociedades (IS), mediante la declaración de compras (gastos deducibles) inexistentes”. En este sentido, entiende el fiscal que “para la ejecución de lo ideado, Carretero contó con la colaboración principal de los también acusados Elisa.I.C.G, su pareja de hecho y verdadera lugarteniente del mismo en estas actividades, como encargada de llevar la contabilidad real del grupo y de la confección material de las facturas”, tareas que compartiría con el principal, así como con Salvador.M.V, hombre de confianza del primero y Mariano G.M.
Finalmente, según la Fiscalía, para tal fin utilizó a un grupo de personas que, “por hallarse en situación de precariedad económica o por mantener relaciones de parentesco o amistad con los anteriores, accedieron a figurar como titulares de las empresas ficticias que Carlos Carretero fue constituyendo a tales efectos a y a firmas las facturas igualmente ficticias que éste les iba entregando a cambio bien de una magra remuneración bien de la obtención ilegal, por procedimientos fraudulentos, de pensiones de la Seguridad Social, para ellos mismos o sus familiares más cercanos, hechos estos por los que se ha seguido otro procedimiento” (en alusión a la operación Karlos).
El fiscal considera estos hechos constitutivos de presuntos delitos de continuados de falsedad en documento mercantil y de otros 11 contra la Hacienda Pública, y solicita 36 años de prisión para Carretero y su novia, considerados los cerebros de la trama, y 1,8 millones de euros en multa.
