El acuerdo implica el compromiso por tiempo indefinido de todas las partes de poner en marcha las herramientas necesarias para que el programa salga adelante, así como diseñar políticas preventivas de intervención en el ámbito laboral, “con la participación y el acuerdo de los agentes sociales y económicos”, según reza en el documento del convenio. No en vano, y como también se cita en el acuerdo, “el ámbito laboral puede convertirse en un contexto idóneo para difundir y desarrollar estrategias preventivas”.
Otras acciones comunes que forman parte del acuerdo son “prevenir el consumo de drogas para mejorar el nivel de salud, tanto a nivel personal como familiar y laboral”, con lo que esperan, igualmente, reducir el índice de siniestralidad. Además, se busca incrementar la calidad del trabajo y las condiciones del mismo, proporcionar información y asesoramiento, apoyar la integración e inserción sociolaboral de los drogodependientes y promover seminarios, jornadas, campañas y programas de sensibilización. Por último, se pedirá el apoyo institucional.
Todas estas actuaciones se cimentan en una serie de objetivos, como son “llevar a cabo una serie de acciones preventivas que se anticipen al consumo de sustancias adictivas” y “dar respuesta a las necesidades derivadas del consumo”. De igual modo, se quieren optimizar en el territorio todas aquellas políticas sobre drogas que nazcan de las instituciones a sus distintos niveles: local, provincial, autonómica o estatal.
La implicación de trabajadores y empresarios es otro de los objetivos, junto con mantener a la comarca como “motor económicos, industrial, cultural, creativo y solidario”.
Los firmantes que rubricaron con su firma el acuerdo para la lucha contra las drogas en el mundo laboral fueron la presidenta del ente mancomunado, Isabel Beneroso; el presidente de la coordinadora Alternativas, Francisco Mena; los secretarios comarcales respectivos de UGT y Comisiones Obreras, José Manuel Rodríguez Saucedo e Inmaculada Ortega, respectivamente; el presidente de la FECG, Juan Carlos Calvente; y el secretario de esta misma entidad, Fernando Gil Pérez.
Evaluación
Con el objeto de realizar un seguimiento periódico del desarrollo práctico de este convenio de colaboración, los firmantes se comprometieron a constituir una comisión que se reunirá “al menos una vez al año” para tratar, por un lado, la interpretación del presente convenio; así como poner en práctica iniciativas, programas y proyectos que se propongan; analizar y evaluar los resultados obtenidos y “cualquier otro asunto cuando lo soliciten al menos dos de las partes firmantes”.
José Manuel Rodríguez Saucedo se mostró de enhorabuena porque la Mancomunidad de Municipios haya llevado a cabo esta idea. Al mismo tiempo resaltó Saucedo que “existirán grandes dificultades a la hora de poner en práctica estas labores en las pymes, ya que en las empresas de gran tamaño, a través de los comités de salud laboral, se están consiguiendo grandes avances”.
Por su parte, Francisco Mena expresó su satisfacción por este acuerdo y aseguró que “hay que apostar por ello de lleno” ya que “en España no existe parangón en un proyecto que aborde seria y rigurosamente un problema como es el consumo de drogas en el trabajo”.
