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Sábado 23/11/2024
 

Jerez

Los abogados claman contra el juzgado único para las cláusulas suelo

Camacho lo considera un “error” y alerta del “coste económico” que supondrá para los jerezanos tener que desplazarse a Cádiz

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  • Marcos Camacho en su intervención en Granada. -

El decano del Colegio de Abogados de Jerez, Marcos Camacho, considera “un error” los juzgados únicos para las demandas de cláusulas suelo.  La institución colegial se suma así a la decisión adoptada por la Abogacía española y el Consejo Andaluz para recurrir el acuerdo del Consejo General del Poder Judicial sobre Juzgados únicos especializados en cláusulas suelo. Camacho considera que la ubicación en Cádiz capital “supondrá un mayor coste económico para el ciudadano y augura un colapso en el único juzgado designado ante la avalancha de demandas que se esperan”.


El decano del Colegio participó  en el pleno celebrado en Granada manifestando su voto a favor en nombre de la institución colegial. El acuerdo del máximo órgano de representación de los abogados andaluces respalda a la decisión adoptada a nivel nacional por el pleno del Consejo General de la Abogacía Española (CGAE), en el que también ha participado con su voto favorable el decano del Colegio de Abogados de Jerez.


Camacho mostró así su desacuerdo con la decisión adoptada por el máximo órgano de representación de los jueces por entender que “es una medida errónea que colapsará el juzgado único ubicado en la capital gaditana para atender a toda la provincia ante la avalancha de demandas que se esperan”. Además, considera que “esta decisión va a suponer un mayor coste económico para el ciudadano en el litigio que mantendrá con las entidades financieras, ya que en el caso de Jerez y otros puntos de la provincia tendrán que desplazarse a Cádiz”.


El representante de los letrados jerezanos entiende, además, que “la medida ha sido tomada de forma unilateral por el CGPJ sin contar con la opinión de los abogados”. En este sentido, apunta que “a estas alturas cualquier decisión que afecta a la Justicia debería consultarse de forma obligatoria con la Abogacía española, que representa al colectivo más importante de la administración de Justicia y porque su consideración constitucional para la defensa del ciudadano hace que seamos quienes mejor conocemos la problemática que supone la implantación de medidas poco reflexivas como ésta”.


El Pleno del Consejo Andaluz de Colegios de Abogados, reunido el pasado miércoles en Granada, aprobó por unanimidad interponer recurso contencioso-administrativo contra el acuerdo adoptado por la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial, de fecha 25 de Mayo por el que se atribuye a determinados juzgados, con competencia territorial indicada para cada uno de los casos, para que de manera exclusiva y no excluyente conozcan de la materia relativa a las condiciones generales incluidas en contratos de financiación con garantías reales inmobiliarias cuyo prestatario sea una persona física.

Perjuicios “irreparables”
Igualmente, ha anunciado que se solicitará como medida cautelar la suspensión de la aplicación de dicho acuerdo dado que su aplicación producirá perjuicios “irreparables o de muy difícil reparación”.
El máximo órgano de gobierno de la abogacía andaluza, que integra a los ocho colegios provinciales y a los de Jerez Antequera y Lucena, considera que la creación de órganos judiciales especializados debe tener un carácter “excepcional” y obedecer a sólidos fundamentos fácticos y jurídicos, pues afecta al derecho fundamental de toda persona al juez ordinario predeterminado por la ley, al derecho a la tutela judicial efectiva y es incompatible con el Convenio Europeo para la protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales (art. 6.1), suponiendo de facto una reforma encubierta de la demarcación judicial.

Estarán al frente jueces en prácticas

El Consejo Andaluz ha mostrado contrario a que esos juzgados de ámbito provincial sean servidos por jueces en prácticas como está previsto, pues ello no garantizará la prestación de un buen servicio público judicial ya que la especialización resulta muy cuestionable en jueces carentes de experiencia profesional.

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