La resolución, la primera de estas características en toda la provincia de Cádiz , implica una multa de 60.000 euros y la suspensión del aprovechamiento cinegético durante un periodo de hasta cinco años.
Al respecto, fuentes de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía explicaron que los hechos tuvieron lugar hace dos años, cuando los agentes detectaron varios episodios de envenenamiento en el citado recinto de caza.
Concretamente, hallaron a dos perros y un zorro muertos en una primera inspección y un erizo común en una segunda. En todos los casos, los cadáveres presentaban síntomas de envenenamiento, por lo que se enviaron todas las muestras al Centro de Análisis y Diagnóstico de la Fauna Silvestre (CAD), dependiente a su vez de la Consejería de Medio Ambiente.
Tóxico letal
Tras un minucioso análisis, el CAD determinó que, efectivamente, se había producido un envenenamiento y que el tóxico empleado era el Aldicarb, con el que se habían impregnado varios cebos consistentes en un ala de pollo, grasa animal y restos de espinazo, junto a los que hallaron a los animales muertos.
Al respecto, según pusieron de manifiesto las mismas fuentes, el Aldicarb es “uno de los tóxicos más potentes” que existen porque “mata de forma prácticamente inmediata a todo animal que consuma el veneno o algún resto del cadáver envenenado”.
De este modo, el tóxico puede afectar a toda la cadena trófica y, de hecho, se encontraron “insectos muertos” junto a los animales envenenados.
Asimismo, la Consejería de Medio Ambiente significó el “riesgo para la salud humana” que puede conllevar la presencia de este veneno en un coto de caza, puesto que “se ha demostrado que puede tener un efecto letal simplemente al contacto con la piel o los ojos”.
Contra flora y fauna
Por todo lo expuesto, la Junta de Andalucía procedió a abrir un expediente sancionador al coto por una infracción de carácter muy grave contra la flora y la fauna silvestre, que el titular del citado coto recurrió.
Finalmente, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) desestimó el recurso, con lo que la Consejería de Medio Ambiente pudo dictar una resolución firme, que es “la primera de estas características” en la provincia gaditana.
De igual manera, la consejería del Gobierno andaluz destacó su “firme apuesta” por erradicar el empleo de cebos ilegales, que además de estar tipificado como delito en el Código Penal. Según la Administración, se trata del “segundo gran problema de nuestro medio natural, justo después de los incendios, además de constituir una de las principales amenazas para la conservación de muchas especies depredadoras y carroñeras de España”.
