El Ayuntamiento ha dado un paso más en el conflicto que mantiene con la Junta de Andalucía por la obra del asfaltado del eje Esteve-Corredera y ya ha acudido a los juzgados. El pasado lunes, cuatro días después de que se confirmara el rechazo por parte de la Consejería de Cultura del recurso de alzada planteado por la administración local a la orden de paralización de los trabajos dictada por la Junta, los servicios jurídicos municipales presentaron un recurso por la vía contencioso administrativa ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. De esta manera, consuman su advertencia de que será un juez el que resuelva quién tiene las competencias para decidir si se ejecuta o no un proyecto como el que está previsto en este enclave y cuya primera fase comenzó en marzo, con las obras deremodelación del acerado y de abastecimiento y saneamiento de Aquajerez. Ambas se se realizan simultáneamente.
Así lo confirmó este martes el propio teniente de alcaldesa y delegado de Urbanismo, José Antonio Díaz, durante una visita a los trabajos de reordenación del entorno de San Juan de los Caballeros, que incidió en el “daño lesivo” que está provocando la postura de la Administración andaluza al propio Consistorio jerezano, a comerciantes de la zona “y a la ciudad en su conjunto”, y reiteró que el proyecto que se ejecuta en este eje “es competencia municipal”. “¿Estamos en esta obra (por San Juan de los Caballeros): ¿Por qué la Junta no ha requerido autorización de ninguna de las que tenemos ahora?..de esta, de Plaza Vargas...¿por qué en Corredera sí y en las demás no?”, se preguntó tras insistir en que la negativa a los trabajos de asfaltado procede “de la misma administración” que no puso pegas a la obra de la Plaza Belén, ni “históricamente” ha puesto a otras actuaciones. “Lo único que ha cambiado es el Gobierno”, dijo en clara alusión al “interés político y electoral” que entiende que está detrás del “empecinamiento” y la “tozudez” que, a su juicio, demuestra el Gobierno andaluz de PP-Cs.
Las obras no están paradas
Dejando atrás las “connotaciones políticas” que Díaz achaca a este posicionamiento, el titular de Urbanismo en el Ayuntamiento asegura que “respetará las decisiones judiciales” que vengan a partir de ahora, y confió en que “la fuerza de la razón” se imponga y el juez deje sin efecto la orden de paralización de las obras del levantamiento del adoquinado. Un dictamen que, de momento, según dijo, “no ha alterado la planificación de la obra”, que en breve entrará en una nueva fase en Santa María y Cerrón.
En este sentido, Díaz se muestra “prudente” y espera que los tribunales “sean sensibles” y la resolución no se alargue en el tiempo. En caso de que terminaran las actuaciones que están en marcha y no pudieran seguir ejecutando el proyecto porque hasta ahora “estamos actuando donde se puede actuar y la obra no está parada”, tendrían que establecer un nuevo protocolo y planificar de nuevo los trabajos. “Es una orden de paralización injusta y no ajustada a derecho, me parece hasta surrealista que tengamos este enfrentamiento y que tengamos que pedir permiso a la Junta para levantar un adoquín”, recalcó.
Mientras Díaz realizaba estas declaraciones, el PP de Jerez realizaba una visita algunos de los comercios de Corredera afectados por las obras de asfaltado de esta zona, quienes les trasladaron, tal y como resaltan, que “estas obras han supuesto la puntilla en su delicada situación con una bajada de facturación que en algunos casos llega al 70%”. “Los comerciantes señalan que, aunque la obra fuera rápida, el momento no ha sido el más adecuado ya que alargan los dos meses de pérdidas que tuvieron con el confinamiento, encadenando más meses de pérdidas”, apunta el portavoz popular Antonio Saldaña, que recuerda que las obras están paralizadas “por imperativo legal al no cumplir la ley”, por lo que ve que la solución pasa “por adaptar el proyecto a la ley ya que los comerciantes son plenamente conscientes y entienden que una administración como la Junta no puede autorizar una obra que no cumple la ley”.
