Esto es, al menos, lo que asegura el Ejecutivo en una respuesta en el Congreso al diputado nacional José Ignacio Landaluce. En ella se recuerda que esta operación de avituallamiento, que está regulada por varias normas nacionales y es “lícita”, debe regularse para minimizar “en lo posible” los riesgos que conlleva asociada.
Plan nacional
En este sentido, recalca el Gobierno central que el Plan Nacional de Salvamento 2006-2009 ha aumentado notablemente los medios disponibles por la Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima. Entre ellos, cita a aviones “especialmente equipados” para la vigilancia de la contaminación y centros logísticos que, ubicados en todas las costas, están “completamente equipados” con material de lucha contra la contaminación.
Además, el Ejecutivo resalta la participación de España en el Convenio Internacional sobre Responsabilidad Civil por los daños causados por la contaminación de petróleo de los depósitos de combustible y recuerda que su objetivo es la pronta indemnización a los daños causados por contaminaciones por vertidos de petróleo utilizado como combustible.
