Después de la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Málaga (GMU) haya puesto como cantidad a reclamar en costas a Bosque Urbano de Málaga (BUM) 223.500 euros para el caso de que el colectivo ciudadano pierda el contencioso que mantiene abierto su proceso, el portavoz de la plataforma, Pedro Francisco Sánchez, ha expresado a Viva Málaga ha pedido cautela.
Sánchez ha recordado que el proceso sigue su curso y que la petición municipal no lo detiene ya que es la cantidad que solicita el ayuntamiento pero “ahora mismo estamos en la fase inicial del procedimiento, donde se dilucidan las medidas cautelares” y lo que hace el Ayuntamiento es realizar su propuesta para el caso de que la plataforma que integran numerosos colectivos ciudadanos perdiera finalmente el contencioso y tuviera que hacer frente a las costas judiciales del mismo.
Según Sánchez, hay que ir con “cautela”· y esperar a que se fije la cuantía final, porque, como ha dicho siempre, “llegaremos a dónde podamos llegar”.
El proceso ahora sigue con el envío de la respuesta a la petición que hace el ayuntamiento por parte de BUM; un escrito que ya preparan sus letrados, y que tendrá que ser confrontando por la jueza del caso antes de dar una respuesta, lo que puede tardar, según Sánchez, en torno a un mes.
Como ha recordado, las costas no se fijan hasta la sentencia y hasta entonces no se sabrá si se da una razón a una de las cuestiones que pone sobre la mesa la plataforma, en cuyo caso, ”no habrá que pagar”.
Todo se resume en ir paso a paso, y como prueba de normalidad, desde BUM han invitado de nuevo a todas y todos los malagueños a acudir este sábado día 22 a una nueva plantación voluntaria en la zona donde ya se han producido varias repoblaciones de especies arbóreas.
Cabe recordar, que a principios de septiembre, BUM decidió seguir adelante con el procedimiento después de la desestimación por parte de la jueza de las medidas cautelares con el objetivo de detener el plan urbanístico en los antiguos terrenos de Repsol, que prevé la construcción de cuatro rascacielos, un centro comercial y varios edificios de viviendas, con cuestiones como la valoración a la baja del ayuntamiento de los terrenos en 45 millones cuando se adquirieron por 73 o la Impugnación indirecta del PGOU que dejó salir a subasta los mismos.
