Alrededor de una veintena de funcionarios de la Administración de Justicia se concentraron pasadas las 10 de la mañana de este sábado a las puertas del Ayuntamiento de Málaga, para hacer oír sus reivindicaciones coincidiendo con el pleno de investidura de la nueva Corporación Municipal, surgida de las elecciones del pasado 28 de mayo.
Estos empleados públicos, que llevan desde el pasado 17 de abril en huelga para reclamar una subida salarial de entre 350 y 430 euros al mes de cuatro escalas de los Cuerpo Generales de Justicia, se dieron cita con silbatos, bocinas y carteles minutos antes de que los nuevos concejales entrasen en la Casona del Parque para efectuar su promesa o juramento en sus nuevos puestos como ediles.
En el momento en el que el alcalde en funciones, Francisco de la Torre, iba a entrar al edificio municipal se acercó a los manifestantes para conocer los motivos de su conflicto, circunstancia que ha servido para que algunas de las sindicalistas reclamase al regidor y al PP su intervención institucional para presionar al Gobierno central con la finalidad de que se produzca una negociación.
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El alcalde dijo comprender las reivindicaciones de los funcionarios, que llevan tres meses de huelga, y acto seguido entró al Consistorio para participar en el pleno en el que fue investido nuevamente por mayoría absoluta.
Esta no es la primera vez que el regidor malagueño se acerca al problema laboral en la Administración de Justicia en Málaga. El sábado 25 de marzo, De la Torre recibió en su despacho a una representación de dos asociaciones de letrados de la Administración de Justicia (LAJ) que se encontraban entonces también en huelga por demandas salariales y pendientes de un encuentro con el Ministerio de Justicia.
Tres días después, el 28 de marzo, los representantes de los secretarios judiciales firmaron un acuerdo con el Ministerio por el que se desconvocaba el paro, iniciado el 24 de enero pasado, y tras suscribir una subida salarial de entre 430 y 450 euros brutos al mes.
Las cinco organizaciones sindicales de funcionarios (STAJ, CSIF, SPJ-USO, UGT, CC OO) han anunciado que continuarán con las protestas en las próximas semanas, coincidiendo con la campaña electoral, para tratar de buscar una solución para los 45.000 empleados de toda España (1.900 en la provincia de Málaga).
