Esta propuesta ministerial para el Sindicato de Trabajadores de la Administración de Justicia (STAJ) "es decepcionante, porque niega que el incremento retributivo se aplique en el Complemento General de Puesto, que es el concepto salarial mediante el cual el incremento retributivo sería de aplicación a los 45.000 funcionarios de la Administración de Justicia". Los sindicatos reclaman subidas de entre 430 y 350 euros mensuales brutos, dependiendo de la categoría.
La organización recordó que un aumento pactado para todo el Estado sería la mejor forma de tratar de corregir las desigualdades salariales que existen por autonomías entre los trabajadores de cada uno de los 4 Cuerpos Generales (Gestores, Tramitadores, Auxilio Judicial y Forenses). Ponen como ejemplo que a día de hoy un tramitador sin trienios del País Vasco percibe una nómina superior a la de un gestor de Andalucía con cinco trienios (categoría laboral superior esta última al anterior).
El Ministerio propuso que debería ser en cada ámbito autonómico "donde se negocie la subida salarial, a través del Complemento Específico" -que es competencia de las comunidades con transferencia en Justicia-, lo que supondría dejar en manos de éstas el posible incremento.
"Y no sería ni mucho menos igual en cada territorio, y se corre el riesgo de que algunas -o todas- las comunidades se opongan a esa negociación", señalan desde STAJ. De hecho, los funcionarios de Andalucía mantienen a esta fecha un litigio con la Junta, que preside el popular Juan Moreno Bonilla, al que reclaman un incremento del Complemento Específico.
DEFINICIÓN DE LAS FUNCIONES EN LOS JUZGADOS
Este sindicato criticó que el Ministerio se hubiera negado a incluir en un documento de organización futura el reconocimiento expreso de las nuevas funciones y responsabilidades -que Justicia denomina “tareas”- en el aspecto profesional, legal y retributivo". Unas funciones que los funcionarios piden que se aclaren en relación con las que ejercen los letrados judiciales (LAJ), o antiguos secretarios.
En la reunión celebrada en la sede del Ministerio, el secretario de Estado de Justicia reconoció la utilidad del diálogo mantenido en los dos grupos de trabajo, donde se analizan el teletrabajo en la Administración de Justicia y el impacto del proceso transformador que representa el proyecto 'Justicia 2030' en el trabajo del personal de los Cuerpos Generales y Especiales al servicio de la administración.
Unos programas de organización y transformación digital de los juzgados (LEO) para los que la Unión Europea fijó hace más de un año fondos con el objetivo de modernizar la Administración de Justicia española.
El encuentro finalizó con el compromiso del secretario de Estado, Manuel Olmendo, de presentar de inmediato una oferta económica y las partes se han citado el próximo miércoles, 28 de febrero.
Al término del encuentro, al que acudieron también la directora general para el Servicio Público de Justicia, María Àngels García Vidal, y el subdirector general de Acceso y Promoción del Personal de la Administración de Justicia, Javier Moríñigo Villaboa, varios de los representantes recordaron que la propuesta para que fueran las comunidades con traspaso competencial las que asumieran el pago de los futuros incrementos, ya se hizo con el equipo ministerial del entonces secretario de Estado Tontxu Rodríguez.
