La Audiencia Nacional juzga los días 18, 19, 22, 23 y 24 de abril al exgerente de la sociedad Planeamiento 2000 y principal acusado en el caso 'Malaya', Juan Antonio Roca, y al exalcalde marbellí Julián Muñoz, por el llamado caso 'Saqueo II', derivado del informe del Tribunal de Cuentas sobre la gestión municipal de Marbella (Málaga) del Grupo Independiente Liberal (GIL) entre los años 1991 y 1999.
La Fiscalía Anticorrupción acusa en esta causa a 36 personas, entre ellas, además de Roca y Muñoz, el exprimer teniente de alcalde Pedro Román, y otros 21 exediles, como el exjugador y capitán del Atlético de Madrid Tomás Reñones y la que luego fue alcaldesa Marisol Yagüe, que también fue juzgada en Málaga por el caso de corrupción en Marbella.
En su escrito de calificación inicial, el Ministerio Fiscal les imputa los delitos de malversación de caudales públicos, prevaricación, falsedad en documento mercantil y un delito continuado contra la Seguridad Social. La Fiscalía destaca que los acusados, relacionados con el gobierno municipal, "gestionaron los recursos municipales al margen de las normas legales con la finalidad de sustraer a cualquier control público los fondos", apropiándose de cantidades millonarias.
Además pretendían, sostiene la Fiscalía Anticorrupción, "utilizar parte de ellos en beneficio propio y en detrimento del Consistorio". Se especifica que los acusados que formaban de una forma u otra parte del Ayuntamiento "omitieron voluntaria y conscientemente ajustarse a la legislación que les obligaba, reguladora de la Administración Local".
Mientras que los demás acusados no concejales "facilitaron la anterior conducta de quienes ostentaban dichos cargos públicos o se beneficiaron de dicha actuación pese al conocimiento del actuar ilícito de los anteriores, coadyuvando al mismo", señala el escrito, en el que se agrega que la contabilidad del Ayuntamiento "no reflejaba la situación real del mismo".
El Ayuntamiento de Marbella, por su parte, realizó acusación contra 33 personas y, en cuanto a los delitos, se adhiere, aunque precisa algunas modificaciones, a los que figura en el escrito del ministerio fiscal, según las conclusiones provisionales presentadas por el Consistorio marbellí.
