La instrucción del caso 'Arcos', contra la presunta corrupción urbanística en la localidad malagueña de Alcaucín, apunta que se habría autorizado durante años la construcción de "cientos" de viviendas ilegales en suelo no urbanizable, concediéndose por parte del entonces alcalde, José Manuel Martín Alba, licencias para construir o segregar parcelas sin informes, incorporando, posteriormente, certificados "falsos".
Así se desprende del último auto dictado por la instructora del caso, resolución por la que se acuerda la tramitación de la causa como procedimiento abreviado contra 51 personas, entre ellas el exregidor, y el archivo para otras 18. Así, se detalla cada una de las operaciones y las promociones urbanísticas en las que supuestamente intervinieron los acusados, apuntando a los delitos que indiciariamente se habrían cometido.
Dicho auto, al que ha tenido acceso Europa Press, describe en primer lugar los trámites para varias promociones de una misma empresa, entre ellas Arco Iris, para la que se pidió solicitud de obra de un bloque de 61 viviendas, y Al-Cautín, con tres fases cada una de 14 viviendas, para las que el exalcalde concedió licencia, aunque se trataba de construcciones en suelo no urbanizable.
En otras promociones se autorizaron obras de 150, de 74 o de 34 viviendas. Según la instrucción, las licencias se concedían, en muchos de los casos, a los dos días de solicitarse o, incluso, el mismo día; además de que Martín Alba también dio luz verde a estudios de detalle y proyectos "a sabiendas de que eran contrarios a la normativa urbanística".
En algunos casos, se elaboran informes, sobre todo por parte de otros dos principales imputados, como son el arquitecto de Diputación José Mora y un asesor, en los que se afirma que determinadas fincas tienen la consideración de urbanas. Según la jueza, estos documentos, que cuentan con el visto bueno del exregidor y del secretario, se hacen para cambiar la clasificación y se incorporan a los registros públicos y al catastro.
Asimismo, en el auto, de 235 páginas, se alude a que en ocasiones, el exregidor, "preocupado por las múltiples investigaciones judiciales que se estaban realizando en municipios de la Axarquía" y, en concreto, en Alcaucín, ordenó paralizar algunas de estas construcciones, tras lo que a veces ponía en contacto a los promotores con Mora, quien les decía, dice el auto, que para arreglar los problemas "debían contribuir económicamente".
OTRAS INVESTIGACIONES
También se ha investigado, consta en la resolución, la supuesta ocultación de Martín Alba tras sus hijas para participar en operaciones urbanísticas y disponer de beneficios, regalos o dádivas, en forma de parcelas, como "compensación o en agradecimientos" a supuestos favores prestados; así como la construcción de casas aisladas no vinculadas a explotaciones agrícolas.
Además, existen "indicios fundados" de que, "como contraprestación o recompensa por la realización de estas actuaciones de carácter delictivo, se exigió dinero por parte de distintas autoridades o empleados de organismos públicos", tales como el exalcalde, el arquitecto de la Diputación o trabajadores del Patronato de Recaudación de la entidad supramunicipal y de la Gerencia Territorial del Catastro.
En esta causa se investigan delitos de prevaricación, prevaricación urbanística, falsedad en documento público, contra la ordenación del territorio, cohecho, estafa, malversación de caudales, blanqueo de capitales y tráfico de influencias.