El Juzgado de Instrucción número 8 de Málaga ha admitido la personación de UPyD como acción popular en el caso que instruye sobre las presuntas irregularidades en la subvenciones para cursos de formación para desempleados, según la formación. Asimismo, se tiene por personado también al letrado de la Junta de Andalucía y se informa a las partes de que las actuaciones se encuentra bajo secreto, ya que se prorrogó durante un mes el pasado día 27 de septiembre.
El juez que instruye la causa explica en un auto que en el caso de UPyD se trata de la "personación como acusación en el ejercicio de la acción popular en un proceso ya iniciado de oficio". Asimismo, a través de una diligencia de ordenación, se señala que "se tiene por personado y parte" al letrado de la Junta de Andalucía "para el ejercicio de las acciones civiles y penales que correspondan a la misma".
La investigación se inició a raíz de una denuncia presentada ante la Fiscalía de Málaga por parte de la sección de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) en la Seguridad Social y ha contado con varios informes policiales, en los que se apuntaba a falta de control a la hora de conceder los fondos de planes de promoción del empleo ejecutados por el Servicio Andaluz de Salud (SAE) y también en la justificación posterior.
Las investigaciones inicialmente se centraron en presuntas irregularidades en 17 de las 20 empresas que obtuvieron subvenciones públicas --por un valor algo menor de dos millones de euros-- en la convocatoria de 2010 del programa para el empleo con compromiso de contratación. El pasado mes de junio la Fiscalía remitió el caso a los juzgados para que se investigara y se llevaran a cabo diligencias de prueba, como tomar declaración a varias personas.
Así, el fiscal solicitó al juzgado la declaración en calidad de imputados de los responsables de las entidades, "así como respecto de aquellos funcionarios y responsables del organismo autonómico que otorgó las subvenciones"; al estimar que existían "indicios de responsabilidad penal", en concreto, de los delitos de falsedad documental, estafa o fraude en subvenciones, así como prevaricación o tráfico de influencias.
Los investigadores de la UDEF relataban en los informes remitidos supuestas irregularidades que habrían sido detectadas, tanto previamente, como la falta de capacitación de algunas de las empresas a las que se concedieron los fondos mediante convenio; y también posteriores, por el supuesto incumplimiento en la contratación del 60 por ciento de los alumnos o posibles falsedades en los partes de asistencia.
El coordinador de UPyD Andalucía, Martín de la Herrán, ha expresado su satisfacción porque los juzgados "nos vean como una parte útil" en este tipo de asuntos y ha destacado "el compromiso en colaborar y en despejar las dudas que existen en estos procedimientos".
