Las partidas presupuestarias destinadas a desarrollar políticas sociales sólo aumentarán bajo el mando de gobiernos socialistas. Es la promesa electoral que ha hecho pública este lunes el PSOE, tras criticar la “falta de compromiso” de los populares al frente de la Diputación.
El organismo supramunicipal malagueño ha sido el que menos dinero ha dedicado a la promoción y protección social, según un informe del Ministerio de Hacienda que ha evidenciado el portavoz socialista en la institución.
Francisco Conejo ha indicado que, de acuerdo con este estudio, en 2013, la Diputación dedicó casi 31 millones de euros a este fin, algo más de 126 por habitante. Una cifra que está por debajo de la media andaluza y muy por debajo del capital destinado por parte de la administración socialista al frente del organismo supramunicipal de Sevilla, con 482 euros por habitante.
Conejo ha recordado los centros sociales cerrados por el Partido Popular y ha advertido de que la formación, actualmente al mando de Diputación, “se ha encargado de hipotecar el uso de los espacios para otros fines”. Algo que impide a los socialistas, según ha justificado, reabrir los espacios cerrados y rescatar sus servicios.
El compromiso social quedará evidenciado en los presupuestos, no sólo de la Diputación, sino también de los grandes y pequeños municipios. Especialmente, éstos últimos, en los que se agrupan todos los menores de 20.000 habitantes.
Los socialistas han presentado este lunes su compromiso para “blindar” las políticas sociales ante 60 colectivos malagueños, con los que se han reunido en un céntrico hotel de la capital.
Los líderes socialistas han destacado el aumento de las desigualdades sociales que se ha producido en el conjunto del país durante los años de crisis y que, han dicho, son especialmente graves en Málaga, la cuarta provincia española con mayor número de hogares sin ningún recurso.
Para paliar esta situación, los socialistas plantean una batería de 44 medidas, que integra la inclusión de cláusulas sociales en la contratación pública para aumentar el número de plazas reservadas para personas con discapacidad.
