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Málaga solo autoriza patines eléctricos a Superpedestrian y bloquea el servicio al resto

La decisión de la cúpula de movilidad del Consistorio levanta dudas sobre un presunto trato preferencial hacia uno de los operadores

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  • El Ayuntamiento de Málaga. -

Desde que el pasado mes de marzo empezara a funcionar en Málaga la primera empresa de alquiler de patines eléctricos, el Ayuntamiento de Francisco de la Torre Prados no ha otorgado ninguna autorización más a las diferentes empresas interesadas en operar a la ciudad de acuerdo con la ordenanza de Movilidad. En estos momentos, Superpedestrian es la única empresa que está ofreciendo este servicio en solitario y de forma exclusiva, sin contar con otros competidores.

Hasta el momento, nueve han sido las empresas de movilidad compartida que han solicitado autorización al consistorio de Málaga, pero ninguna de ellas ha recibido confirmación por parte del área de Movilidad, encabezada por el concejal José del Río Escobar.

Algunas fuentes ven en esta decisión un presunto trato de favor hacia la empresa Superpedestrian, que recientemente también ha cerrado un acuerdo de colaboración con la Confederación Nacional de Autoescuelas (CNAE) para la formación de los conductores de Vehículos de Movilidad Personal. Las mismas fuentes reseñan la vinculación de la cúpula de Movilidad del Ayuntamiento de Málaga con la confederación que les conduciría presumiblemente a proteger las empresas que colaboran activamente con la asociación.

El propio concejal José del Río Escobar, cuya trayectoria profesional se ha desarrollado mayoritariamente en el ámbito de la formación vial, llegó incluso a pertenecer a la comisión fundadora de la CNAE y ser vicepresidente Nacional. Por su parte, Trinidad Hernández Méndez, que actualmente ocupa la dirección general de Movilidad en el Ayuntamiento de Málaga, ha sido también la Jefa Provincial de Tráfico de la DGT, una entidad que concedió íntegramente a la CNAE el primer contrato de gestión de cursos para la recuperación de puntos y que la Audiencia Nacional anuló en 2019.

De momento no se ha interpuesto ninguna demanda para denunciar la posible situación de privilegio, pero si el Ayuntamiento de Málaga continúa con el bloqueo de autorizaciones no se descarta abrir la vía judicial.

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