Son unas 40 familias, en torno a 120 personas de Haza Cuevas, las que viven con el temor de que sus casas sufran desprendimientos o acontecimientos más graves. Este jueves, junto con el grupo municipal del PSOE en el Ayuntamiento de la capital, pusieron sobre la mesa el calvario que están pasando. Y es que, según indicó en rueda de prensa el portavoz municipal socialista, Daniel Pérez, sus viviendas están afectadas “por grandes grietas y desestabilización” tras lo que califican como una “negligencia de una empresa municipal por unas obras de saneamiento a cargo de Emasa”.
En el año 2016 arrancaron unas obras de saneamiento “y justo en ese momento comenzaron los problemas para estas familias”, indica Pérez. “Durante la sustitución de tuberías se tocó la cimentación de los cinco edificios de viviendas”, que tienen graves daños en la fachada, en las zonas comunes y en los domicilios, “con grietas tan anchas que se puede ver lo que hay al otro lado de la pared”, explicó el portavoz socialista.
“Que después de un año y medio, el alcalde no les haya contestado a un informe pericial que relaciona las obras de EMASA con los problemas de cimentación de los edificios me parece un acto de gran irresponsabilidad. Nos vemos obligados a llevar las voces de estas familias al pleno de Málaga, porque Paco de la Torre no quiere escucharles”, advirtió Pérez. Los daños estructurales en las viviendas aparecieron en 2018. “Van cuatro años de sordera política, de suma irresponsabilidad del alcalde de Málaga”, agregó.
Los vecinos explicaban ayer que los operarios de la empresa municipal de aguas “quitaron bloques de piedras que mantenían la estabilidad de los edificios”, por lo que, “como la obra dejó el subsuelo al aire durante dos años, la tierra filtró el agua, que ha movido la cimentación de los edificios afectados”.
Así, para tratar de dar una solución a tiempo, “cada vecino ha tenido que asumir 5.000 euros de su propio bolsillo, para llegar a los 200.000 euros que cuesta la primera fase de unos trabajos de micropilotaje”, explicó el administrador de las viviendas, Manuel Díaz.
“No nos parece justo que los vecinos, muchos de ellos mayores, con economía humilde y que se han visto obligados a hipotecarse de nuevo, tengan que pagar lo que un informe señala que es culpa de una empresa municipal”, indicó.
Además, recordaron que también existe un informe de Bomberos, que se personaron ante la primera incidencia en 2018, “un informe que está en poder del alcalde sobre el que aún no se ha pronunciado”, encargado por los vecinos, a través de la administración de fincas, que cuenta con pruebas geotécnicas y que está en poder del Ayuntamiento desde febrero de 2021.
“Desde hace un año y medio el Ayuntamiento de Málaga no nos contesta. Ni se hace responsable de la importante derrama que ya han asumido los vecinos, ni se ha preocupado por el coste de la segunda fase de las obras, porque esto acaba de empezar”, concluyeron.
