El juicio civil en el que la Junta de Andalucía reclama a Boliden casi 90 millones de euros por la rotura de la presa de mina de Aznalcóllar (Sevilla) ha quedado visto para sentencia veinticinco años después del desastre ecológico y después de un peregrinaje por todas las instancias jurídicas que ha llevado el caso a la casilla de salida.
Durante cuatro intensas jornadas, el juzgado 11 de Sevilla ha acogido la demanda civil de la Junta de Andalucía contra las empresas que forman parte de Boliden (Boliden Apirsa, Boliden AB y Boliden BV), a las que le reclaman un total de 89.867.545 euros por las consecuencias de la fractura de la balsa del complejo minero ocurrida en el año 1998.
Esta ruptura de la balsa propició que se vertieran cinco millones de metros cúbicos de lodo que llegaron al entorno de Doñana, que hubiera 37 toneladas de peces muertos y que se vieran afectadas 4.400 hectáreas, sin que, según la administración andaluza, la empresa sueca aportara fondos en la restauración de la zona.
A lo largo de los cuatro días que ha durado el juicio han comparecido once testigos, dos de ellos peritos propuestos por la defensa y, otros nueve extécnicos de la Junta de Andalucía o de la empresa Egmasa, principalmente quienes estuvieron trabajando en la Oficina Técnica del Guadiamar, creada a raíz del desastre ecológico.
EL 'PEREGRINAJE JURISDICCIONAL' DEL CASO
En febrero de 2015, el Gabinete jurídico de la Junta de Andalucía presentó una demanda ante el juzgado de instrucción 11 de Sevilla para reclamar a la empresa minera sueca Boliden 90 millones de euros más intereses por los gastos de recuperación y limpieza de la zona tras el desastre del vertido en la mina de Aznalcóllar (Sevilla) en 1998.
Esta demanda ponía orden al 'peregrinaje jurisdiccional' de esta reclamación, que comenzó en 2001 con la vía civil pero que el juez de primera instancia y la Audiencia Nacional consideraron que se trataba de una cuestión administrativa, de forma que el proceso acabó en el Tribunal Supremo.
Fue el Tribunal de Conflictos de Competencias el que falló finalmente que la Junta tenía que acudir a la vía civil, aunque con anterioridad la administración había utilizado sin éxito también la vía penal en el juzgado de Sanlúcar la Mayor, que absolvió a 21 técnicos imputados.
De la misma forma, en los Juzgados de lo Mercantil de Sevilla, que se instruye el concurso de acreedores de Boliden, hay una reclamación del Gobierno central a la minera por 42 millones como coste en la limpieza, aunque la decisión de este tribunal está supeditado al proceso civil que permanece abierto entre la Junta y la minera sueca.
EL JUICIO CIVIL, VEINTICINCO AÑOS DESPUÉS DEL DESASTRE
El testigo central de la estrategia de la acusación fue Javier Serrano, quien fuera coordinador de la Oficina Técnica de Restauración, que destacó que la prioridad de las administraciones fue actuar rápidamente y después reclamar, ya que era crucial la retirada antes del otoño para evitar que las lluvias arrastraran los metales pesados a Doñana.
“Se quitaron de en medio", fue la frase más contundente de Serrano para describir que la empresa, una vez que realizó una primera limpieza de lodos en la zona norte, ya no quiso saber nada de la restauración de la zona, y para justificar que no se planteara ninguna alternativa distinta a la adoptada finalmente: la del Corredor Verde.
La defensa de Boliden quiso dejar claro durante el juicio que la minera gastó en la recuperación de la zona un total de 115 millones de euros, según el informe encargado al auditor Robert Gibb, de Ernst&Young, en el que se incluyen los gastos y pérdidas como consecuencia de la rotura de la mina.
Los gastos de la minera para investigación, proyectos y obras ascendieron a 45,8 millones de euros y de esta cantidad, unos 30 millones se destinaron al sellado de la balsa, además de los más de 31 millones a limpieza de lodos.
LAS LÍNEAS ARGUMENTALES DE BOLIDEN Y DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA
La defensa de Boliden Apirsa, Boliden AB y Boliden BV, del bufete Uría Menéndez, pidieron la desestimación de la demanda argumentando que la acción de reembolso previstos en el artículo 81 de la ley de Minas, a la que se acoge la Junta para reclamar, no establece la obligación de restablecer la situación a su estado anterior.
Boliden considera que esta ley habla de "reparto de responsabilidades" a la hora de aplicar las medidas y que cuando se produjo el desastre -1998- no existía una ley que obligara a las compañías a responder por el daño medioambiental, ya que la norma llegó mucho después -2007- con la Ley de Responsabilidad Ambiental.
Por su parte, la Junta esgrimió que dicho artículo determina que el titular de una explotación es responsable de “los daños y perjuicios” que provoquen sus trabajos de extracción.
Según la Junta, pese a que la defensa de Boliden apela a que el endurecimiento de las sanciones son posteriores al desastre de Aznalcóllar, existe jurisprudencia "suficiente" en diversas directivas de la Unión Europea, y en aplicación del artículo 81 de la Ley de Minas, para reconocer que la empresa sueca es la responsable de hacerse cargo de los gastos.
Otra de las líneas de la Junta es que Boliden debe responder por la contaminación que provocó su filial española mediante la doctrina del 'levantamiento del velo', consistente en que ante las deudas societarias, se debe apelar a socios o personas que las dirigen para sortear los entramados empresariales por abusos de la “personalidad jurídica” en daño ajeno.
LOS TRABAJOS Y LOS GASTOS OCASIONADOS
La rotura de la balsa de Aznalcóllar supuso la liberación de seis millones de metros cúbicos de aguas ácidas y lodos tóxicos y su expansión afectó a 63 kilómetros de cauce de los ríos Agrio y Guadiamar y a más de 4.600 hectáreas, y la reparación ambiental de los terrenos a las puertas de Doñana incluyó el recrecimiento de la balsa de estériles mineros, así como la creación de un Corredor Verde.
El Corredor Verde fue una realidad en 2008, diez años después de la catástrofe, y en el mismo la Junta invirtió unos 200 millones de euros. Conecta a través de 80 kilómetros Sierra Morena con Doñana, en una zona en la que más de la mitad de superficie se centraron los trabajos de limpieza y descontaminación.
La retirada de lodos costó a la Junta, según los documentos aportados en la demanda, 46,9 millones de euros, unos trabajos que tuvieron un coste en una segunda fase de retirada "más fina" de 14,4 millones; mientras que el control y seguimiento de la calidad ambiental del entorno costó 2,4 millones; y la investigación asociada a la restauración del terreno se destinaron 5,2 millones.
La restauración ecológica del área afectada tuvo un coste de 16,5 millones y algo más de dos millones para las asistencia técnica y otras actividades complementarias, mientras que en medidas sanitarias se destinaron algo más de 2 millones de las arcas públicas.
