Los ayuntamientos podrán limitar desde el 22 de febrero el número de pisos turísticos

Los ayuntamientos andaluces podrán limitar desde el próximo 22 de febrero el número máximo de viviendas turísticas por edificio o por sector para evitar su proliferación en zonas por cuestiones urbanísticas o de planificación, ya que este viernes se ha publicado en el Boletín Oficial de la Junta el último decreto aprobado.

La nueva normativa, a la que dio luz verde el Gobierno andaluz el lunes, entra en vigor dentro de veinte días tras ser publicada. Los ayuntamientos de las ciudades más afectadas por esta situación han acogido con satisfacción la medida y ya están trabajando en ello.

En Sevilla, una de las principales ciudades afectadas por la proliferación de estas viviendas turísticas, sobre todo en el centro, el Ayuntamiento está ya "buscando fórmulas" para limitarlos en determinadas zonas de la capital andaluza.

El regidor, José Luis Sanz, garantizó que están "trabajando" para regular la presencia de apartamentos turísticos.

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, confía en que se pueda "frenar la creación de pisos en zonas que estén saturadas" y seguir trabajando para mejorar la "calidad" de estos alojamientos.

De la Torre ya apuntó que "por pura lógica", se puede entender que hay saturación "en los barrios donde haya ya más de la mitad de las viviendas turísticas".

En Cádiz, los servicios jurídicos de Urbanismo del Ayuntamiento estudian el decreto de la Junta para ver si la norma municipal que ya existe en la ciudad para limitar la expansión de los pisos turísticos necesita alguna adaptación nueva.

La Junta pidió la paralización de esa norma, aprobada en 2022 por el gobierno de José María González 'Kichi', pero el TSJA lo rechazó. La normativa municipal prohíbe inscribir nuevas viviendas con fines turísticos en el casco antiguo y limita la construcción de hoteles y apartamentos turísticos a fincas que tengan la máxima protección urbanística debido a los problemas que existen para destinar estos inmuebles a uso residencial por las restricciones de rehabilitación.

En Córdoba, fuentes municipales han explicado a EFE que se trata de una "buena normativa" que permite a los ayuntamientos "poder regular esta situación", que en el caso de la capital cordobesa incide especialmente en el plan de protección de su casco histórico, Patrimonio de la Humanidad, donde han proliferado esos alojamientos.

En los próximos días se iniciarán reuniones con los sectores implicados, principalmente el turístico, para "elaborar una propuesta desde el consenso", mientras que se descarta por el momento la implantación de una tasa turística.

En Almería no existe una normativa específica que regule los pisos turísticos. El equipo de gobierno optó por esperar a la aprobación de este decreto para adoptar "medidas consensuadas", también con los principales agentes afectados.

Sin embargo, desde el gobierno local entienden que la situación de Almería no es comparable a ciudades como Málaga o Cádiz, porque no tienen el problema de la turistificación.

En Andalucía hay unas 116.000 viviendas con fines turísticos, según la Junta, de ahí que haya optado por dar seguridad jurídica a los ayuntamientos y habilitarlos para limitar el número máximo de este tipo de vivienda, que está creando problemas de distinta índole en los centros urbanos de algunas capitales.