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Viernes 08/11/2024
 

Granada

Personal de integración social denuncia falta de vacaciones por su externalización

Con descansos de diez o veinte días en función de la empresa frente a los 45 que marca el convenio

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  • Un calendario abierto por el 29 de febrero. -

El colectivo del Personal Técnico de Integración Social (PTIS), un servicio de Educación externalizado por la Junta, ha denunciado incumplimientos en el calendario vacacional, con descansos de diez o veinte días en función de la empresa frente a los 45 que marca el convenio.

Elena Fornieles, presidenta del comité de la empresa Osventos, una de las dos firmas con la que la Junta ha externalizado este servicio, ha denunciado que las trabajadoras de este servicio tendrán entre 10 y 20 días de descanso frente a los 45 que marca el convenio colectivo y con el visto bueno de Educación.

Esta medida, que según CCOO se repite en las ocho provincias andaluzas, hará que la mitad de los PTIS de Granada vayan al paro el próximo 1 de julio y el resto el 13 del mismo mes.

"Es una verdadera vergüenza, una discriminación en toda regla", ha recalcado Fornieles, que ha criticado la disparidad de condiciones laborales que hay en función de la provincia en la que cada uno trabaje.

Este colectivo, en un 98 % mujeres con jornada parcial no elegida y contratos como fijo-discontinuo, ha relacionado sus condiciones laborales con la externalización del servicio, que depende de la Agencia Pública de Educación de la Junta.

Los trabajadores de este servicio ya han acumulado 27 días de huelga indefinida durante este curso para reclamar el final de "abusos" como la reducción de sus vacaciones.

Solo en la provincia de Granada se han interpuesto medio centenar de denuncias ante la Inspección de Trabajo por incumplimientos como la carencia de alta a la seguridad social y fraude en la contratación, pagos reiterados fuera de plazo de los salarios o falta de medidas y formación en prevención de riesgos laborales.

Ante la continuidad de las irregularidades, CCOO ha exigido a la Junta que tome medidas sancionadoras y exija a las empresas el cumplimiento íntegro de los derechos del personal para poder mantener la concesión del servicio.

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