La acusación popular que ejerce Iustitia Europa en el 'caso Koldo' ha pedido a la Audiencia Nacional que cite como investigado al exministro José Luis Ábalos, una vez terminada e incorporada a la causa la auditoría interna que el ahora titular del Ministerio de Transportes, Óscar Puente, encargó sobre el presunto caso de corrupción en la compra de mascarillas durante la pandemia.
Iustitia Europa ha trasladado un escrito al juez instructor, Ismael Moreno, en el que considera que existen indicios "racionales y suficientes" para la imputación de Ábalos por los supuestos delitos de prevaricación, organización criminal, malversación de caudales públicos, blanqueo de capitales y fraude administrativo.
"No puede pasar un segundo más sin que Ábalos sea imputado en la causa ante la Audiencia Nacional, porque el informe de la auditoría del Ministerio de Transportes señalaba decenas de evidencias de que 'las decisiones y conocimiento eran a nivel ministro, de gabinete del ministro, habilitado por el ministro, con conocimiento del ministro, avalado por el ministro, que dichos movimientos se realizaban al más alto nivel de ministro y que, en definitiva, las decisiones se tomaban a nivel ministro", ha señalado este lunes Iustitia Europa en un comunicado.
A su juicio, la auditoría interna de Transportes señala directamente a Ábalos y recoge indicios de cómo aprovechamiento de la normativa de emergencia durante la pandemia para burlar el derecho administrativo con resoluciones que eran objetivamente contrarias a derecho.
Esta acusación pone el foco en que en la primera compra a Soluciones de Gestión, la empresa epicentro de la trama, se duplicó la cuantía de cuatro a ocho millones de mascarillas "utilizando el derecho de emergencia del art. 120 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014".
ÁBALOS ABUSÓ DE SU CARGO
También hace hincapié en que una vez conducida la adjudicación a Soluciones de Gestión "se prostituyó ésta, a través del fraude consistente en encargar al único contratista, arbitrariamente elegido, que debía procurar las condiciones por él ofrecidas".
Además, incide en que indiciariamente se desconoce el destino de millones de mascarillas y, por tanto, de millones de euros de dinero público, "al no constar actas, albaranes o comprobantes de entrega de las mismas".
"Partiendo de estas evidencias, existen indicios de que el señor Ábalos, indiciaria y presuntamente abusando de las funciones de su cargo y actuando de forma desleal sobre el patrimonio administrado, dispuso de aquél sin realizar valoración objetiva alguna a la hora de adjudicarle los contratos, indebidamente, a Soluciones de Gestión, con un claro perjuicio al erario público de todos los españoles", apunta.
La presunta trama de corrupción habría pagado comisiones para conseguir adjudicaciones para la venta de mascarillas. Recibe su nombre de Koldo García, que era asesor del entonces ministro Ábalos. La Fiscalía Anticorrupción atribuye a los investigados presuntos delitos de organización criminal, blanqueo de capitales, cohecho, delitos contra la Hacienda Pública y tráfico de influencias.
