Que la muerte es un negocio, un buen negocio, es algo que a nadie se le escapa… pero que una organización (en teoría) sin ánimo de lucro mercantilice el descanso eterno y juegue a la bolsa con el dolor que provoca el último adiós de un ser querido, queda fuera de cualquier lógica. Y en Barbate, como ha ocurrido y ocurre en otros municipios de la provincia, la gestión que se lleva a cabo desde el Obispado de los cementerios, sobre todo en los últimos años, ha desatado el malestar de cientos de familias que han visto cómo se han incrementado los precios (a través de sumar más complementos) y cómo se ha olvidado la función social en pro de monetizar y obtener beneficios en dicha gestión.
"No han subido los precios, claro, han subido los porcentajes que ellos dicen, pero es que las medias verdades son las peores mentiras. Lo que han subido son los conceptos. Por ejemplo, antes para un traslado se pagaba por tres conceptos y ahora se pagan seis conceptos"A comienzos del presente mes de septiembre, tras anunciarse el cierre del Cementerio durante el fin de semana, más de un centenar de vecinos se concentraban para precisamente expresar su descontento por la citada gestión que el Obispado está realizando del Camposanto. Los motivos: la reciente subida de precios y el citado cierre.
Tanto el alcalde de Barbate, Miguel Molina, como la primera teniente de alcalde, Ana Moreno, mantuvieron un encuentro con los vecinos para explicar la situación actual y escuchar sus demandas, al tiempo que emitía un comunicado expresando igualmente su malestar por “la controversia generado, entendiendo el descontento de los vecinos debido al cambio en la gestión del cementerio” y es que “desde que el Obispado asumió esta responsabilidad, se han registrado incrementos en los precios y otros inconvenientes que no existían bajo la anterior gestión parroquial”.
Ante esta situación, el Ayuntamiento programó una reunión con el Obispado con el objetivo de encontrar una solución que satisfaga a los vecinos y usuarios. Durante ese encuentro se propondría que la gestión del Cementerio vuelva “a su anterior estado o que sea transferida al Ayuntamiento, con el fin de garantizar un servicio más eficiente y tarifas justas para todos los usuarios” y en “caso de no llegar a un acuerdo en la reunión prevista”, se tomarían “las medidas legales pertinentes y no descarta convocar a la ciudadanía para una nueva protesta”.
Reunión que tuvo lugar días después y a la que asistieron también el segundo teniente de alcalde, Juan Miguel Muñoz, la delegada de Patrimonio, Ana Valencia, y personal jurídico del Ayuntamiento, así como representantes de la Parroquia de San Paulino y del Obispado, con el objetivo de “consensuar una solución en la que poder dar respuesta a la situación del Cementerio”.
Las entidades reunidas, “con ánimo de conciliar los intereses de las partes y, sobre todo, de dar cumplida respuesta a los intereses de la feligresía y ciudadanía de Barbate, han considerado adecuado plantear con carácter inmediato una propuesta de acuerdo que haga descansar, en adelante, la titularidad y gestión del cementerio en el Ayuntamiento, a partir del 1 de enero de 2025”.
Dicha propuesta de acuerdo, “en la medida que se trata de un instrumento que trata de conciliar los intereses de ambas partes, se ha considerado adecuado en la reunión mantenida, que contenga alguna fórmula -aún por determinar- que venga a compensar los derechos de los que habrá de desprenderse la Parroquia y el Obispado, para dar respuesta adecuada a esa traslación de la titularidad única de dicha actividad en el Ayuntamiento”, ha señalado el Obispado.
Por su parte, desde el Ayuntamiento indicó que “estudiaremos y valoraremos este convenio para que el funcionamiento de nuestro Camposanto sea lo más acorde posible a las necesidades de nuestros vecinos y usuarios”, al tiempo que se puso de “manifiesto la necesidad de que el Camposanto pueda permanecer abierto todos los fines de semana, como venía haciéndose hasta ahora, y que así se ha confirmado”.
La versión de la Diócesis y la Parroquia
Al mismo tiempo, y “ante la alarma social que se está creando entre los fieles y la ciudadanía por la gestión del cementerio parroquial”, Antonio Pablo Jiménez, párroco y administradores de la Parroquia de San Paulino de Barbate, lanzó un comunicado en el que señala que “pese a las manifestaciones realizadas por el Ayuntamiento, no es cierto que el Obispado esté gestionando el Cementerio Parroquial”, y es que “como ya manifesté” en anteriores comunicados, “la Parroquia de San Paulino desde el Siglo XX lo administra directamente con sus propios medios materiales y personales, sin que se haya producido ningún cambio en la titularidad”.
Es un Cementerio que “se asiente en parte sobre un terreno propiedad de la Iglesia y otro de propiedad pública. Eso es debido a que el Ayuntamiento no aceptó la cesión gratuita propuesta por la Parroquia cuando se agotó la capacidad del cementerio asentado en suelo de la Iglesia. Y este rechazo se produjo, pese a la obligación legal que tienen los ayuntamiento de posibilitar enterramientos mediante la construcción de cementerios, o alcanzando acuerdos con otros municipios” para dicha prestación del servicio.
Como “consecuencia de lo anterior, la Parroquia a fin de continuar prestando un servicio a los fieles y a la ciudadanía en general, con la colaboración del Ayuntamiento y su autorización, construyó a su costa, con sus propios fondos y un préstamo bancario, la ampliación de dicho cementerio sobre un suelo público”.
Un cementerio parroquial que “no solo debe cumplir la normativa vigente, sino también la normativa de la Iglesia Católica entre la que se encuentra la Diocesana. Por ello, como los demás cementerios parroquiales, aplica el Reglamento Diocesano de Cementerios y Columbarios y las tarifas aprobadas por la Diócesis. Por transparencia, esas normas están publicadas en la web corporativa de la Diócesis” y a disposición de los usuarios también “hay varios ejemplares en la Parroquia y están publicados en su tablón de anuncios”.
En cuanto “al carácter abusivo o injusto de los nuevos precios, hay que destacar que en más de una década, solo se han producido tres subidas de precios que son en enero de 2013; en enero de 2015; y la última en enero de 2023, aplicándose en Barbate esta última tarifa en el mes de junio de ese año. En este tiempo, han subido un porcentaje muy superior los impuestos, la gasolina, el gas, la electricidad, los materiales de construcción, los costes laborales, etc. A modo de ejemplo, hay que señalar que el Salario Mínimo Interprofesional estaba fijado en el año 2013 en la cantidad de 645,30 euros al mes y en 2024 es de 1.134 euros al mes, lo que conlleva también una subida importante en las cotizaciones sociales”.
Por tanto, señala la Parroquia, “la revisión de precios de enero de 2023 no persiguió un lucro para las parroquias, sino equilibrar los costes con los ingresos para la viabilidad económica de los cementerios. Además, con estas tarifas se evita la desigualdad entre los fieles y ciudadanos en los servicios funerarios de las parroquias”.
Por otro lado, desde agosto de 2023 “la Parroquia de San Paulino y la Diócesis de Cádiz y Ceuta han acudido, juntas y representadas por técnicos, a distintas reuniones con el Ayuntamiento” en las que “se les ha ofrecido la transmisión de la propiedad de la parte del cementerio que está en suelo de la Iglesia y la subrogación en la titularidad del Cementerio, con todos sus elementos, a cambio de una compensación (que percibiría únicamente la Parroquia de San Paulino) por el coste tan elevado que tuvo que soportar en solitario por la ampliación del mismo. Este ofrecimiento fue rechazado, limitándose, el Ayuntamiento, a exigir a la Parroquia que volviera a aplicar los precios anteriores a 2023” para comunicar tras el encuentro que “remitirían un borrador que se discutiría en una mesa de trabajo”.
El 20 de diciembre de 2023 “se le comunicó a la Parroquia la prohibición de venta anticipada de nichos en un escrito sin mayor aclaración sobre qué debía entenderse como tal. La Parroquia y la Diócesis han presentado distintos escritos sin haber obtenido respuesta a sus planteamientos o peticiones, ni tampoco hemos recibido respuesta a la petición de una copia de los documentos y antecedentes sobre el cementerio parroquial, y que son necesarios para la elaboración de un borrador de convenio”.
El 26 de agosto de 2024 “se recibió una comunicación que aclaraba parcialmente la anterior comunicación ante un caso particular, respondiendo al último de los escritos presentado el 26 de julio de 2024”.
La Parroquia señala que “por motivos organizativos ha mantenido cerrada la visita al cementerio parroquial el sábado 31 de agosto y el domingo 1 de septiembre, tras años de apertura ininterrumpida. Pese a las explicaciones dadas a los miembros del gobierno municipal, y la solicitud de un plazo de una semana, se alentó una concentración el sábado 31 de agosto ante el cementerio, que ha tenido como consecuencia la realización de actos vandálicos en el muro exterior del mismo”.
El escrito concluye diciendo que “ni la Parroquia, ni la Diócesis, desean la confrontación, pero no pueden permanecer calladas frente a las manifestaciones que se están realizando en los medios de comunicación y que no responden a la verdad”
Los entresijos detrás de la polémica
Esa es la versión de la Parroquia y de la propia Diócesis… Así que ya sabemos lo que opina el Ayuntamiento y lo que opinan los gestores… pero también hemos querido hablar con una fuente de total confianza que conoce a la perfección los entresijos que se esconden tras esta polémica.
Según dicha fuente, cuando Antonio Diufaín Mora deja de ser Ecónomo Diocesano, “por su opaca gestión y tras una orden remitida desde Roma para que fuese apartado”, y Carmen Lobato toma su relevo, el por entonces obispo, Rafael Zornoza Boy, le crea una Fundación “que se llama Santa Marta con el objetivo de que gestionase todos los cementerios parroquiales” y “desde entonces ha ido a saco a por todos los cementerios, quedándose en primer lugar el de Benalup a través de la misma estrategia que está llevando a cabo en Barbate, es decir, dejar a la parroquia sin recursos… no tenían ni para pagar la luz y el agua porque se suponía que le iban a dar una asignación que nunca llegó”.
Después “fueron a por de de Vejer. Aprovecharon un cambio de cura para quedarse con el cementerio y también con las capellanías, algo que es ilegal porque estas últimas pertenecen a la parroquia. Las capellanías son unas figuras, muy usadas en otros tiempos, que consisten en que cuando una persona acaudalada fallece sin herederos, dejando sus bienes a la Iglesia pero con la condición de que cada cierto tiempo se le realice una misa a su nombre de forma perpetua. Y claro, debe recaer en la parroquia. Por ejemplo, las placas solares que vemos cuando salimos de Vejer en dirección Cádiz forman parte de una Capellanía cuyo alquiler ahora cobra el Obispado directamente y no la Parroquia”.
También lo intentaron “con Conil, tras la salida de un párroco díscolo y la entrada del actual, que pensaban que firmaría la cesión pero que resultó que se negó y ahora incluso me dicen que debido a la presión necesita ayuda psicológica por el acoso que está sufriendo”.
Y cuando vinieron a por el de Barbate, en la Parroquia de San Paulino estaba el padre José María Quintana, quien viendo lo ocurrido en Benalup, se negó a entregar la gestión del Cementerio que, recuerdo, es parroquial y no le podían obligar a cederla. Su lema es que los párrocos van y vienen, y él no era nadie para quitarle nada al pueblo. Eso sí, recibió presiones de todo tipo pero no cedió, así que esperaron a que se jubilase, algo que ocurrió hace unos dos años. Su lugar lo ocupo el famoso Antonio Pablo, quien ya venía con la lección aprendida y nada más entrar pues le firmó un poder a Antonio Diufaín, otorgándole el poder absoluto del cementerio de Barbate”.
A esta fuente, conocedora insistimos de las entrañas de lo que ocurre con los cementerios, lo que más le indigna precisamente es el comunicado que emite Antonio Pablo desde la Parroquia de San Paulino, un comunicado “lleno de mentiras y de medias verdades, y que podría refutar punto por punto”.
Cuando dicen que “no han subido los precios, claro, han subido los porcentajes que ellos dicen, pero es que las medias verdades son las peores mentiras. Lo que han subido son los conceptos. Por ejemplo, antes para un traslado se pagaba por tres conceptos y ahora se pagan seis conceptos. Un trasladado costada poco más de trescientos euros y ahora sale por setecientos euros. Le han sumado más conceptos con su consiguiente coste para el usuario”.
También, siempre esa fuente, fueron a por los trabajadores que se posicionaron en contra de la nueva forma de gestionar, alejada de su función social. Trabajadores que “sufren un acoso permanente…”.
Sobre el cierre de los fines de semana es que para la apertura de esos días había un hombre jubilado que no llegaba a fin de mes y al que se le hizo en su día el favor para que obtuviera una pequeña gratificación a cambio… pero llegó una inspección de trabajo que “ellos pensaron que era por esa persona, con lo que aprovecharon para echarlo junto a la limpiadora. De un día para otro, solo le pidieron la llave sin darle explicaciones aunque ya llevaba cinco años allí. Y con la excusa de que no habían encontrado a nadie, aunque había gente en la parroquia dispuesta a realizar esa labor. Pero claro, se lió, incluso había audios de miembros del equipo de Gobierno indignados y amenazando con movilizar al pueblo, con lo que dieron marcha atrás”.
Luego está el tema de la normativa que se publicó en el Tablón de Anuncios en la que entre otras cuestiones prohibía la entrada de perros, cuando la ley señala lo contrario. Una normativa que provocó el enfado de fieles y ciudadanos de tal manera que una persona lo arrancó y lo rompió… aunque lo destacable es que “ese anuncio estaba firmado por Antonio Diufaín Mora, cuyo ego es demasiado grande como para cuidarse de no aparecer”, y viene a demostrar quién está detrás de la gestión del Camposanto. De hecho, “si te fijas en los comunicados del nuevo párroco, dice que no ha habido ningún cambio y que él sigue siendo el administrador… o blanco, o negro… los dos no pueden ser”.
Cuando señala que el cementerio se amplió “con medios propios, se le olvida decir que esos medios propios provienen de la gente que fallecía y compraba nichos, y se le daba facilidad de pagos por aquellos años. Ahora ya no se pueden fraccionar esos pagos”.
El problema es que “el obispo presentó su dimisión el 30 de junio. Y claro ellos querían vender toda la parte nueva del cementerio en este tiempo, liquidar el cementerio por dos o tres millones de euros. Así que se pusieron a vender nichos de forma anticipada y no como se venía haciendo, es decir, cuando alguien fallecía para que no faltase espacio. Cuando el Ayuntamiento se enteró, le envió un comunicado recordando que solo podían vender nichos en el momento del entierro, algo que no les cayó bien porque solo les dio tiempo a vender tres nichos, con lo que tras ese comunicado se negaron a vender nichos para que la gente se echara encima del gobierno local. Dijeron que el Ayuntamiento les había prohibido vender nichos, algo incierto pero que tenía el objetivo de presionar al alcalde. Hasta ahí llega la forma de actuar de esta gente. Una actitud mercantilista y nada social”.
En opinión de esta fuente, que es “profundamente cristiana”, esta forma de actuar “está alejada de los valores que promueve nuestra religión y de la función social que se supone debe ofrecer a sus fieles y al conjunto de la ciudadanía”, por lo que espera “que rectifiquen y recuerden a quienes se deben”.
Respuesta de las parroquias a estas últimas declaraciones
Tras la publicación en papel de esta información, este medio tuvo constancia de un comunicado conjunto emitido por los párrocos de las Parroquias del Divino Salvador de Vejer de la Frontera y de Nuestra Señora del Socorro de Benalup – Casas Viejas, junto a los administradores parroquiales de Nuestra Señora del Carmen de Zahara de los Atunes y San Paulino de Barbate, respuesta a la noticia publicada el pasado 13 de septiembre de 2024 en el periódico Viva Barbate, bajo el título “La muerte tenía un precio pero ahora es más cara”.
Según el comunicado, el artículo contiene “información errónea, no contrastada, juicios de valor y manifestaciones difamatorias” dirigidas al sacerdote diocesano Rvdo. P. D. Antonio Diufaín Mora, al Obispo Monseñor D. Rafael Zornoza Boy, a la Diócesis de Cádiz y Ceuta y a la Parroquia de San Paulino. Los responsables parroquiales califican estas afirmaciones como "graves acusaciones sobre conductas que podrían ser tipificadas como delito", negando rotundamente las mismas y reservándose el derecho a emprender acciones judiciales contra las falsedades publicadas.
En el comunicado también se refutan varios puntos específicos de este artículo. Primero, los párrocos aclaran que "el Rvdo. P. D. Antonio Diufaín Mora presentó su renuncia voluntaria al cargo de Ecónomo Diocesano después de siete años y nueve meses de gestión eficiente". Explican que su renuncia se debió a motivos personales y que su labor permitió a la Diócesis "pagar deudas, cumplir compromisos adquiridos y equilibrar sus cuentas". Además, subrayan que su gestión no fue "opaca" como señala el artículo, sino que, por el contrario, ha sido "objeto de felicitaciones" por organismos de la Iglesia. Asimismo, desmienten cualquier presión desde Roma o de la Conferencia Episcopal Española para su sustitución.
Otro de los puntos polémicos abordados es la gestión de los cementerios parroquiales. Según el comunicado, es falso que los párrocos hayan sido presionados para entregar dicha gestión. "Solicitamos al Sr. Obispo que nombrara un apoderado para que, en nombre de nuestras respectivas parroquias, gestionara nuestros cementerios parroquiales", afirman, señalando la complejidad técnica que implica esta tarea. Los párrocos recalcan que "son las Parroquias de Nuestra Señora del Socorro de Benalup, del Divino Salvador de Vejer, de Nuestra Señora del Carmen de Zahara y la de San Paulino de Barbate las que gestionan sus respectivos cementerios parroquiales, con sus propios empleados", siendo falso que hayan quedado sin recursos, como sugiere la publicación.
Asimismo, los firmantes del comunicado desmienten rotundamente que el Obispado gestione los cementerios o se quede con los ingresos derivados de esta actividad. "La Diócesis se limita a asistir y ayudar a todas las parroquias de su territorio diocesano en los complejos trámites administrativos", aclaran, destacando que se ofrece soporte técnico y formación para la gestión de los cementerios y otros aspectos relacionados con el cumplimiento normativo.
Respecto a las Capellanías de Vejer de la Frontera, el comunicado también rechaza las afirmaciones del artículo. Señalan que los fondos procedentes de estas capellanías "van destinados al Fondo de Sustentación del Clero de la Diócesis de Cádiz y Ceuta", tal y como lo establecieron los donantes y lo dispone el Código de Derecho Canónico.
El comunicado también aborda gravísimas acusaciones sobre el supuesto acoso a trabajadores. Según el artículo, los empleados que se habrían posicionado en contra de la nueva forma de gestión del cementerio estarían sufriendo un "acoso permanente". Los párrocos responden que estas acusaciones son "falsas", y exigen una "inmediata rectificación", asegurando que la Parroquia de San Paulino cumple con la normativa laboral y dispone de un protocolo frente al acoso laboral, sexual y por razón de género.
Finalmente, los párrocos expresan su "decepción" ante lo que consideran una falta de rigor profesional por parte del medio, al no haber contrastado adecuadamente las versiones en conflicto. "Reiteramos nuestra cercanía y comunión con nuestro Obispo, D. Rafael, nuestros hermanos del presbiterio y con la Iglesia Católica Universal", concluye el comunicado.
