“La verdadera paz no es simplemente la ausencia de tensión, es la presencia de justicia”. Martin Luther King.
La división de poderes de Montesquieu se adoptó como base de todo estado democrático. El Legislativo, que al ser conformado por los elegidos democráticamente por el pueblo es el encargado de representar la voluntad popular dictando las leyes con el único objetivo de mejorar la vida de los ciudadanos y defender los intereses generales; el Ejecutivo, designado de forma directa o indirecta, pero siempre democráticamente, ha de ser el encargado de garantizar el cumplimiento de las leyes y de servir al pueblo; el Judicial, el encargado de aplicar las leyes y en su aplicación juzgar y hacer ejecutar lo juzgado. Para el pensador francés, resultaba indispensable que los tres poderes fueran independientes.
No se recuerda un tiempo como el actual en el que la vida pública estuviera tan condicionada por la amenaza jurídica, que muchas veces oscila cual péndulo entre ser la solución al conflicto a, en el otro extremo, convertirse en el problema. Solución o problema. Y lo es porque se ha entremezclado por intereses espurios y no se sabe qué pesa más si la judicialización de la política o la politización de la justicia, ambos puntos de partida deleznables si partimos del principio que deberían ser independientes y hoy ni tan siquiera hay un disimulo para que lo parezcan.
La culpa de ello la tienen las dos formaciones políticas más poderosas del país, PSOE y PP, y, cómo no, el mismo poder judicial, los cuales, todos juntos, han manejado política y justicia en su interés y para su bien. La elección política de los miembros del CGPJ, de los magistrados del Constitucional y del Supremo es la prueba evidente de lo importante que resulta al poder político controlar al poder judicial. Y ello se agudiza si hay demandas o querellas contra políticos de uno u otro partido. Como las hay. Nada que ver con la primera mitad de la vida de nuestra democracia en la que los líderes de las dos organizaciones políticas tenían una especie de pacto secreto de no agresión judicial.
Ser juez es un oficio muy complicado y de suma responsabilidad ética y moral, para el que no sirve precisamente quien tiene un sentido extremo de la justicia porque al final depende de uno la decisión de condenar a una persona en base a la buena o mala defensa que haya tenido o de las pruebas que haya podido o no aportar o, incluso, del feeling que el acusado le haya producido y, desde luego, de la capacidad de ser independiente y objetivo y conseguir abstraerse de subjetividades, de presiones, de juicios paralelos mediáticos o de condenas ya dictadas por la opinión popular. Trabajo que se complica si el demandado es un político. No es excepcional que sobre casos similares contra acusados de distinta formación se den sentencias en las que el mismo ponente, el mismo juez, falle de forma distinta con fundamentos totalmente contrarios: 1. “Tenía estudios universitarios, debía saber lo que firmaba…”. 2. “Tenía estudios universitarios, pero no tenía por qué saber lo que firmaba, para eso están los técnicos que le preparaban los documentos…”, por citar un claro ejemplo.
Aprobar una oposición de las llamadas gordas, como pueda ser la de notario, juez o registrador de la propiedad no sólo exige mucho estudio y esfuerzo, además es bastante costoso, se requiere un preparador personal y años de exclusiva dedicación sin ganar un euro. No está al alcance de cualquiera. Es un hecho, no censurable pero constatable, que un elevadísimo porcentaje de los jueces son de derechas, esto el PP lo sabe, obviamente, y por esta razón usa la justicia esperando que los procedimientos que emprenda serán considerados con buenos ojos y, al tiempo, los que contra ellos se presenten pues justamente lo contrario -el primer juez al que le llegó la trama orquestada en torno a la Gürtel y que tantos ríos de tinta provocó en su rama inicial y en todas sus piezas separadas desestimó la demanda porque, dijo, "no hay indicios…". Y qué decir de ese “M. Rajoy” perceptor de comisiones, según los papeles de Bárcenas, y que el Tribunal desestimó porque no tenía por qué ser Mariano…-.
El PSOE lo sabe también, por eso intenta controlar el CGPJ con algunos jueces afines de corte progresista, que son los menos pero que haber, los hay. En todo caso, conservadores o progresistas, hay jueces muy buenos, los hay buenos, regulares y malos. Como en todas las profesiones. Por eso sería importante y urgente que el colectivo se preocupase de poner cordones sanitarios ante los que, sin pudor, participan del juego político; defender y visualizar ante los ciudadanos la integridad e independencia de la profesión judicial porque una sociedad en la que se pierde la confianza en la justicia es una sociedad indefensa que camina sin solución hacia su muerte democrática.
La judicialización de la política está en todos los niveles y se usa, en gran medida y como primer objetivo, para colocar titulares, también como amenaza al adversario sabiendo que en este país la presunción de inocencia no existe. En España no se es inocente hasta que se demuestre lo contrario. No. De hecho, la presunción de inocencia está recogida en la Constitución pero, en cambio, los políticos están obligados a dejar sus cargos cuando les llega una imputación, que no deja de ser una investigación para determinar si está implicado y en qué grado, y no tienen opción alguna de retomar a su vida anterior y a sus puestos cuando son absueltos porque la mancha pública no la borra ni el ser declarado inocente. En esto la justicia no puede ser más injusta. Como en tantas otras cosas: las penas de banquillo, la lapidación pública sin ninguna protección al imputado o los procedimientos eternos durante años sin otra causa que el colapso judicial. Los políticos lo saben y en demasiados casos lo usan como arma arrojadiza para eliminar al adversario. “El que pueda hacer que haga” es un mensaje político letal para el sistema democrático; echar al que preside mediante un acoso dirigido y contrario a la voluntad democrática.
La justicia y la política atraviesan sus horas más bajas y en progreso decreciente, el último ejemplo es el acoso por violencia machista de ese Errejón que ha reconocido unos hechos que eran conocidos –parece ser- por su cómplice entorno político, que en vez de denunciar cuando se debía ha esperado un momento político, casualmente, rentable. Otro uso de la justicia: si se sabía no parece casual que la denuncia –anónima- se produzca horas después de que Pablo Iglesias anuncie que constituirá una nueva izquierda europea sin Sumar, que tras este escándalo queda seriamente tocado.
Uno no sabe a dónde mirar para asombrarse menos ante tantos casos a cada cual más, aparentemente, turbio y, lo peor, es que la confianza como solución en esta justicia politizada y cada día más públicamente parcial decae porque se está perdiendo hasta el decoro en disimular su imparcialidad. Es como poner, o que te pongan, los cuernos, lo menos que se puede ofrecer o exigir es discreción porque al doloroso hecho del crecimiento óseo solo lo agrava la visibilidad pública. Y es que en un mundo corrupto y sin ética, a la gente honrá solo le queda la estética.
