El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha admitido a trámite el recurso presentado por el PP-A por vía administrativa contra la decisión de la Mesa del Parlamento de admitir el proyecto de Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma para 2014 sin el anexo de las inversiones correspondientes a cada provincia.
Así lo ha anunciado este lunes en rueda de prensa en Sevilla la vicesecretaria de Organización del PP-A, Ana Corredera, que ha explicado que la admisión a trámite del recurso no supone "en absoluto la paralización" del presupuesto pero sí puede implicar, en caso de que el Alto Tribunal lo estime necesario, "que se provincialice el presupuesto y se detallen provincialmente las inversiones provistas", que es lo que los 'populares' demandaban al presentar este recurso.
"Lo hemos pedido para poder hacer un seguimiento y controlar cuáles son las prioridades del Gobierno andaluz en cada provincia", ha recordado la 'número tres' del PP-A, que no se ha atrevido a vaticinar qué puede decidir finalmente el TSJA al no ser "jurista" y al entender que este paso previo dado por el Alto Tribunal no va más allá de "un trámite más" y de la confirmación de que "va a estudiar" este asunto tras la petición de su partido.
Para ello, según ha explicado, el TSJA le ha pedido al Parlamento andaluz que remita "el expediente administrativo correspondiente" en un plazo máximo de cinco días, fecha en la que la Cámara andaluza le tendrá que remitir esta información para que el tribunal "valore si procede dar la razón" al PP-A o no.
La propia Corredera anunció el pasado día 9 que los servicios jurídicos del PP-A habían formalizado los anunciados recursos ante el Tribunal Constitucional (TC) --del que aún no se tiene conocimiento de respuesta-- y por la vía administrativa ante el TSJA para que el Presupuesto de la Junta recoja las inversiones de forma provincializada.
Según explicó entonces, con estos recursos se pretende que el Gobierno andaluz "cumpla" con la Ley de Hacienda Pública de Andalucía y con la Constitución Española y permita el derecho de los diputados de la oposición a "controlar" la labor del Ejecutivo autonómico, algo que creen que se impide al no territorializar las inversiones.
