La Corte argentina ordena reabrir el caso del atentado a la AMIA

La Corte Suprema de Argentina ordenó hoy la reapertura de parte de la investigación por el atentado que en 1994 destruyó la sede de una mutualista judía de Buenos Aires y causó la muerte de 85 personas, informaron fuentes judiciales. 

La decisión del máximo tribunal del país, adoptada por mayoría, permitirá proseguir las pesquisas sobre la llamada “conexión local” del ataque perpetrado contra la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), indicaron las fuentes. 

La Corte convalidó parte de la investigación que hizo el ex juez Juan José Galeano, quien dirigió diez años la indagación sobre la “conexión local” del atentado hasta que fue destituido por “mal desempeño de sus funciones” en 2005. En este sentido, el tribunal ordenó el “mayor esfuerzo” para “arribar a la verdad material” del ataque terrorista. 

Con su resolución, los jueces aceptaron los recursos extraordinarios de la Fiscalía y familiares de las víctimas del atentado contra un fallo de la Cámara de Casación que había declarado nula toda la investigación de Galeano. 

La Corte consideró al respecto que no se puede confirmar la nulidad de toda la pesquisa, “sino sólo aquel tramo de la investigación que estuvo viciado de parcialidad en la actuación” del juez destituido. 

Apenas cometido el ataque, la causa quedó en manos de Galeano, quien apuntó las averiguaciones hacia el entonces embajador de Irán en Buenos Aires, Hadi Soleimanpour, y el agregado cultural de esa sede diplomática, Moshen Rabbani. 

También fue detenido el revendedor de automóviles argentino Carlos Telleldín, acusado de comercializar la camioneta que fue utilizada como coche-bomba en el ataque, perpetrado el 18 de julio de 1994, durante la presidencia de Carlos Menem. 

En 1997 apareció un vídeo que mostraba a Telleldín negociando con Galeano el pago de 400.000 dólares, aportados por la Secretaría de Inteligencia del Estado (servicios secretos), para que el revendedor incriminara a policías en el atentado. 

En 2004, 22 personas acusadas de complicidad con los terroristas, la mayoría ex policías, fueron absueltas por falta de pruebas tras casi tres años de juicio oral. 

Si bien Telleldín había aportado valiosos elementos a la causa, que ahora serán recuperados, buena parte del proceso se fundó en las declaraciones que el revendedor de coches negoció con Galeano. 

El tribunal que llevó adelante el juicio oral dejó en claro entonces que el Estado y Galeano habían “armado la causa para encontrar culpables a cualquier precio” y denunció a varios funcionarios del Gobierno de Menem.