De la jornada electoral de este 26 de junio se decidirá, en un segundo asalto tras las negociaciones fallidas de la XI legislatura, el próximo Gobierno de la nación. La cita tiene cierto carácter histórico por ser la primera en democracia que se repiten unas elecciones ante la imposibilidad de formar ejecutivo.
Este domingo están llamados a acercarse a las urnas más de 6,5 millones de personas en nuestra comunidad autónoma y 993.689 electores por la circunscripción de Cádiz, lo que supone apenas 74 más que en los comicios celebrados el pasado 20 de diciembre, según los datos ofrecidos esta semana por la Delegación del Gobierno en Andalucía. De ese total, 26.179 de ellos son residentes en el extranjero.
Para ello, se han dispuesto 1.483 mesas electorales, dos más que en las pasadas elecciones de hace seis meses, repartidas en 591 colegios electorales en toda la provincia.
Cádiz elegirá en total a 9 diputados para el Congreso y a 4 senadores. En los pasados comicios, el reparto de escaños fue de 3 para el PSOE, 3 para el PP, 2 para Podemos y 1 para Ciudadanos.
La dotación material para la celebración de las elecciones que tendrán lugar este domingo hasta el cierre de los colegios electorales a las 20 horas, cuenta en la circunscripción de Cádiz con un total de 2.966 urnas, 591 cabinas (una por colegio electoral), casi dos millones de sobres y 8,9 millones de papeletas electorales.
El dispositivo de seguridad contará en la provincia con un total de 2.811 efectivos, de los que 1.085 son agentes de la Policía Nacional, 1.297 de la Guardia Civil y 429 de la Policía Local. El número de agentes desplegados en toda Andalucía será de 19.129.
Pero si algo va a definir estas elecciones, más allá de los resultados que se conocerán esa noche, va a ser la masiva participación por correo. La cercanía al periodo estival y los desplazamientos ha hecho quer muchos electores se anticipen y soliciten el voto por correo, que en esta ocasión se ha duplicado con respecto al 20D y ha superado el millón de solicitudes en todo el Estado.
Los votos por correo emitidos en territorio nacional llegarán a los colegios electorales y se volcarán dentro de las urnas al cierre de las mesas. Pero los votos que no llegarán, al menos no todos, son los emitidos por los españoles que han emigrado y actualmente residen en el extranjero.
Un cambio en la normativa de voto en el extranjero en 2011 ha complejizado un proceso que, según denuncia Marea Granate, hasta esa fecha permitía a los españoles emigrados seguir decidiendo sobre la política de su país.
La densa burocracia que rodea ahora al simple hecho de votar por correo desde el extranjero ha impedido que ciudadanos como Pedro Domínguez, de San Fernando emigrado a Múnich, Alemania, hace ya 10 años “en busca de una mejor experiencia laboral”, puedan votar hoy. “Antes de que cambiaran la reglamentación el procedimiento para votar era más sencillo y no tuve problemas para votar en las elecciones de 2008”.
Hoy ya no podrá porque, según ha explicado Domínguez, “desde que cambiaron la reglamentación, han surgido muchos problemas y los plazos son tan ajustados que a los residentes en el extranjero nos queda muy poco margen de reacción, si no ninguno, en caso de que el procedimiento a seguir se atasque por cualquier motivo”.
Desde Marea Granate vienen denunciando esta situación desde el año 2011, pero con especial contundencia desde hace dos años porque consideran que no se está permitiendo votar libremente a los españoles residentes en el extranjero y, en muchos casos, se les está negando su derecho a ejercer el voto de facto por las dificultades burocráticas que entraña el nuevo proceso.
Domínguez asegura que, además de que él ya no haya podido votar para este 26J, no habla de oídas cuando cuenta que un amigo catalán residente en Múnich “recibió su sobre, pero tan solo contenía las papeletas de 4 partidos de los que se presentaban, entre las cuales no está su opción preferida”.
Domínguez, ingeniero, padre de dos hijas y que se confiesa “muy vinculado a la realidad política española”, asegura no querer dar pábulo a “conspiranoias por parte de las Juntas electorales, pero lo cierto es que no se está respetando nuestro derecho constitucionalmente reconocido a ejercer el voto”.
Hoy hay unos 75.000 españoles emigrados entre Alemania, Francia y Reino Unido que han podido verse afectados por una farragosa burocracia que ha silenciado su voto.
