Campo de Gibraltar
Luis Pizarro destaca el ?gran impulso? dado al proceso de legalización
El consejero de Gobernación insiste en que son 15.007 las casas ilegales y no 40.000 como dice el PP
- Felipe Bello /Rocío Picón
- Campo de Gibraltar
Publicado: 03/09/2009 ·
20:33
Actualizado: 03/09/2009 · 20:35
El consejero descarta aprobar un estatuto económico para financiar los costes
El responsable andaluz reconoce que ?aún queda un trabajo muy importante por delante?
El consejero de Gobernación de la Junta de Andalucía, Luis Pizarro, mostró este jueves su satisfacción por el trabajo que han desarrollado conjuntamente el Gobierno autonómico y el Ayuntamiento de Chiclana para la elaboración de un inventario de viviendas ilegales en el municipio. En este sentido, Pizarro cree que “afortunadamente ya nos hemos enterado que edificaciones ilegales hay 15.000 y no 40.000 como se hablaba”.
A juicio del consejero de Gobernación con la aprobación este verano de las ordenanzas reguladora y fiscal del proceso de legalización y con la elaboración del inventario, “se ha dado un gran impulso en un asunto que preocupa y que ha estado latente en el debate municipalista y político en los últimos años. Además, hay una Ley de Ordenación Urbanística en Andalucía que contempla todas las acciones que se están llevando a cabo en Chiclana”.
En este sentido, afirmó que los instrumentos que tiene la Junta sirven para legalizar esa situación y eso es lo que ha hecho el Ayuntamiento junto con el Gobierno autonómico. Pizarro, no obstante, reconoció que “ahora queda un trabajo muy importante por desarrollar” para que las cosas entren en la normalidad. Asimismo, descartó la posibilidad de que la Junta apruebe un estatuto económico especial para financiar parte de los costes del proceso, como proponía el PP.
Sobre este mismo asunto se pronunció la delegada municipal de Urbanismo, Cándida Verdier, quien aclaró que los costes de regularización deben ser asumidos por los propietarios de las viviendas ilegales “al igual que lo hacen los que tienen una vivienda en suelo urbano”.
“Una cosa es que las administraciones busquemos financiación, intentemos abaratar los gastos o demos facilidades de pago, como estamos haciendo, y otra que asumamos los costes, porque esto no se puede hacer. No se le puede decir a un ciudadano de Almería que con su dinero se va a pagar la legalización de una vivienda construida sin licencia en Chiclana”, expuso Verdier parafraseando unas declaraciones del consejero de Vivienda días atrás.
La delegada defendió asimismo el inventario realizado por la Junta para disipar las dudas sembradas por el PP. “En los planos están recogidas todas las zonas y se han contado las construcciones una por una y son 15.007”, aseveró. La edil criticó “la demagogia” y el “populismo” del que, a su juicio, está haciendo gala el PP. “Primero dijeron que 40.000, durante los 17 meses que gobernaron redujeron la cifra a 25.000 y ahora vuelven a las 40.000”.
Por último, Verdier quiso enviar un mensaje de tranquilidad a los implicados en el proceso de legalización, asegurando que éste no se iniciará “de forma sorpresiva ni de manera urgente, sino que será lento e iremos de la mano de los propietarios”.
A juicio del consejero de Gobernación con la aprobación este verano de las ordenanzas reguladora y fiscal del proceso de legalización y con la elaboración del inventario, “se ha dado un gran impulso en un asunto que preocupa y que ha estado latente en el debate municipalista y político en los últimos años. Además, hay una Ley de Ordenación Urbanística en Andalucía que contempla todas las acciones que se están llevando a cabo en Chiclana”.
En este sentido, afirmó que los instrumentos que tiene la Junta sirven para legalizar esa situación y eso es lo que ha hecho el Ayuntamiento junto con el Gobierno autonómico. Pizarro, no obstante, reconoció que “ahora queda un trabajo muy importante por desarrollar” para que las cosas entren en la normalidad. Asimismo, descartó la posibilidad de que la Junta apruebe un estatuto económico especial para financiar parte de los costes del proceso, como proponía el PP.
Sobre este mismo asunto se pronunció la delegada municipal de Urbanismo, Cándida Verdier, quien aclaró que los costes de regularización deben ser asumidos por los propietarios de las viviendas ilegales “al igual que lo hacen los que tienen una vivienda en suelo urbano”.
“Una cosa es que las administraciones busquemos financiación, intentemos abaratar los gastos o demos facilidades de pago, como estamos haciendo, y otra que asumamos los costes, porque esto no se puede hacer. No se le puede decir a un ciudadano de Almería que con su dinero se va a pagar la legalización de una vivienda construida sin licencia en Chiclana”, expuso Verdier parafraseando unas declaraciones del consejero de Vivienda días atrás.
La delegada defendió asimismo el inventario realizado por la Junta para disipar las dudas sembradas por el PP. “En los planos están recogidas todas las zonas y se han contado las construcciones una por una y son 15.007”, aseveró. La edil criticó “la demagogia” y el “populismo” del que, a su juicio, está haciendo gala el PP. “Primero dijeron que 40.000, durante los 17 meses que gobernaron redujeron la cifra a 25.000 y ahora vuelven a las 40.000”.
Por último, Verdier quiso enviar un mensaje de tranquilidad a los implicados en el proceso de legalización, asegurando que éste no se iniciará “de forma sorpresiva ni de manera urgente, sino que será lento e iremos de la mano de los propietarios”.
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