El ministro de Universidades, Manuel Castells, ha reconocido, en una entrevista con Europa Press, que en España "hay una excesiva proliferación de pseudouniversidades", no obstante, considera que aumentar la oferta educativa, con la creación de nuevas universidades, sean públicas o privadas, "siempre es positivo".
"Si son universidades con criterios mínimos de lo que es una Universidad, cuantas más haya, mejor, y que el mercado decida. Ahora, si lo que hay es una proliferación de cualquier tipo de proyecto de negocio que se llama Universidad, eso es un problema", ha señalado.
Estos criterios mínimos a los que se refiere el ministro están recogidos en el borrador de Real Decreto de creación, reconocimiento, autorización y acreditación de universidades y centros universitarios, que el Gobierno prevé aprobar en el segundo trimestre de 2021. Entre ellos, destaca que las universidades tendrán que ofertar 10 títulos de Grado, 6 de Máster y 3 programas de Doctorado en, al menos, 3 de las 5 grandes ramas de conocimiento.
"Los requisitos que hemos puesto son absolutamente mínimos en términos de estándares internacionales", defiende el ministro, que justifica esta futura imposición normativa a que existe "una oleada especulativa de fondos de inversión en el mercado de educación superior", que hacen de la educación "una mercancía" con el "menor coste y la mayor ganancia posible". Si bien, advierte de que no todas las universidades privadas, como la de Deusto o Navarra, entran dentro de este colectivo.
Pese a los nuevos criterios que se pretenden imponer, Castells afirma: "Todo esto es nada, comparado con lo que son los estándares internacionales, yo casi a veces tengo vergüenza de poner estos criterios".
De momento, la CNMC se ha opuesto a que las universidades tengan que ofertar titulaciones en 3 de las 5 ramas de conocimiento, alegando que esta medida "no está vinculada con una mayor calidad del servicio universitario". Sin embargo, el ministro da la razón al organismo regulador. "¿Esto garantiza la enseñanza de calidad? No", apunta, si no que simplemente "garantiza" que una universidad sea, de verdad, una universidad. "Es casi protección del consumidor. A usted no le pueden vender un título universitario de una cosa que no es una universidad", añade.
ESTATUTO DEL PDI
Para el ministro, la calidad de la enseñanza depende, sobre todo, de la calidad de los docentes. Por eso, es partidario de "acabar con la precariedad" y con "ciertas prácticas endogámicas dentro de las universidades". En este sentido, el Ministerio trabaja en el Estatuto del Personal Docente e Investigador (PDI), que prevé dar solución a la actual precarización del profesorado asociado.
A su juicio, el problema reside en que una parte del profesorado ha sido "contratado a la desesperada" por las universidades "utilizando fórmulas que no estaban para eso", como el profesor asociado. "Hay muchos profesores asociados que les pagan 500 euros por mes y de estos hay bastantes. No hemos conseguido saber exactamente cuántos, porque es muy difícil. Es muy opaca la información, pero sabemos que son miles, no son decenas", revela el ministro.
En este punto, en lo relativo a las condiciones laborales del PDI, Castells lamenta que "el Gobierno no puede hacer nada" porque "es una cuestión de negociación entre los representantes de los profesores y las comunidades autónomas y las universidades".
Si bien, señala que, una vez se organice la carrera académica (la propuesta de su Ministerio es crear tres niveles de progresión y una figura contractual para cada nivel: Profesor Ayudante Doctor; Titular o contratado equivalente; y Catedrático), lo que su Departamento intentará será "absorber de forma controlada con evaluación y acreditación la bolsa de precariedad que se ha creado".
LA NUEVA LEY DE UNIVERSIDADES: LA LOSU
El Estatuto del PDI será desarrollado, según el ministro, después de la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU), que primero tiene que aprobarse. "Esta Ley está siendo consultada con todos los actores, incluidos los sindicatos, los profesores, los profesores asociados... consultada no quiere decir que se hará exactamente lo que pide cada uno. Esto todavía no está terminado, se presentará en septiembre al Consejo de Ministros y en ese momento es cuando se podrá decir cuales son las mínimas disposiciones", ha anunciado.
La nueva Ley pretende incorporar cambios en el proceso de elección de un rector, ya que son varios grupos los que han propuesto modificaciones en este sentido. Por ejemplo, el PSOE quiere eliminar el requisito de ser catedrático para poder presentarse al cargo, de modo que cualquier profesor titular pueda aspirar a ser rector.
"Es una cuestión que está siendo debatida internamente, pero porque hay muchos otras propuestas. No hay ninguna propuesta ideal, la vamos a sacar en el mes de septiembre. También se ha propuesto muy seriamente por autores importantes que un PAS pueda ser rector. No veo por qué es imposible, no creo que sea demasiado importante", afirma Castells, que en todo caso, considera que "lo más importante" es que la persona que asuma este cargo "tenga una acreditada formación y capacidad universitaria y que sea alguien con capacidad de gestión y decisión".
En cambio, el ministro ha advertido de que la LOSU no dará más autonomía a las universidades. "No hace falta más autonomía, tienen toda la autonomía. Las universidades pueden hacer sus planes de estudio, hacen su presupuesto, sus mecanismos de admisión o sus mecanismos de nombramientos", explica.
Tampoco recogerá modificaciones en la carrera docente universitaria, ya que, según asegura el ministro, "una carrera docente exige un Doctorado y evaluación por concurso abierto para el puesto; y para ir progresando en la carrera, hace falta acreditación". "Eso es lo que hay y eso es lo que habrá", avanza Castells, que argumenta que la calidad del sistema universitario pasa por mantener la carrera docente tal y como está.
