El promotor alquiló las casas a gente que desconocía la orden

El promotor que construyó las diez casas para su venta en la zona de Majadillas Bajas que cuentan con una orden judicial para su derribo tenía orden de tirarlas desde el pasado 6 de septiembre de 2007, esto es, hace más de dos años, cuando aún era alcalde Ernesto Marín y delegado de Urbanismo José Pedro Butrón.

El proceso prosiguió por cuanto el promotor, que llevó a cabo una parcelación ilegal con fines especulativos, incumplió la orden. Hace algo más de un año, en junio de 2008, con los mismos gobernantes anteriormente señalados, el Ayuntamiento pasó a tener la responsabilidad de derribar subsidiariamente las casas. La actuación no se ha podido hacer hasta ahora, ya con el nuevo gobierno, cuando el Juzgado autorizó el 26 de octubre la entrada en el domicilio, dando al Ayuntamiento un período de dos meses para actuar. El promotor conocía perfectamente todos estos plazos y fechas y que la orden de demolición es de obligado cumplimiento.
Ante esta situación y para frenar la decisión judicial, en las últimas semanas el promotor alquiló a sus propios familiares y otras personas las casas, para que éstas se encontrasen habitadas cuando llegase el momento del derribo, algo que ocurrió el pasado viernes.

Sorprendidos
Los alquilados que no tienen relación familiar con el promotor se vieron sorprendidos al no haber sido informados por el promotor de que las casas que les habían alquilados tenían una inminente orden de demolición, produciéndose el viernes escenas de tensión y el abandono de las viviendas por parte de algunos de ellos que no querían verse implicados en una situación que desconocían; estas personas increparon en el mismo lugar de los hechos al promotor por haberles engañado.

Esta no es la primera actuación ilegal de este promotor, puesto que existe una diligencia abierta contra el administrador de la empresa promotora, “Prefabricados Medina”; además, también la hay contra un arquitecto vinculado a la operación Obra Nueva por un presunto delito de falsedad documental.
El Ayuntamiento sigue obligado a demoler las casas, algo que hará durante los próximos días, al permanecer vigente la orden judicial.

Angustia
La jornada de ayer pilló por sorpresa a varios de los vecinos que intentaron por todos los medios que sus casas no fuesen derribadas. Fueron momentos angustiosos los vividos durante el pasado viernes.

En ese día los vecinos consiguieron que no se derribaran las casas, ya que ni a las ocho de la mañana, ni a las cuatro de la tarde, como esta previsto, aparecieron las temidas “máquinas”. Aunque, según ha informado el Consistorio “las casas se van a derribar”, eso sí, si antes no había una fecha fija, parece que ya sí la hay. Todo está previsto para el lunes, donde la guardia civil servirá de refuerzo para que las excavadoras y demás máquinas realicen su trabajo.

La oposición de los vecinos a abandonar las viviendas se hizo más patente aún cuando, sobre las tres y media de la tarde, numerosos agentes de la Policía Local ocuparon la calle con sus vehículos a la espera de la llegada de la maquinaria. A partir de ese momento, los nervios, los insultos, la desesperación y la petición de “comprensión”, fueron una constante. No en vano, los vecinos hicieron todo lo que estaba en su mano para impedir que la decisión de derribar las viviendas se llevará a cabo, vigilando que las máquinas no llegaran, sacando palés a la calle o vaciando las ruedas a los vehículos policiales. Todo ello, tuvo como resultado que los agentes abandonaran la zona ante el aplauso y la alegría de los presentes.

Verdier: “Estamos acatando la decisión de un juez”

La delegada de Urbanismo, Cándida Verdier, manifestó que el Ayuntamiento, “como no puede ser de otro modo", obedece una orden judicial, añadiendo que “estamos acatando la decisión de un juez, obramos como medio en una actuación que debiera haber hecho el propietario. Evidentemente no podemos hacer caso omiso a un resolución judicial de este tipo a menos que estemos dispuestos a que recaigan las pertinentes consecuencias penales sobre este Ayuntamiento”.

Verdier continuó esgrimiendo que “el Ayuntamiento únicamente ha seguido criterios técnicos y judiciales en este asunto. Los promotores conocen perfectamente el procedimiento del que deriva todo el proceso de demolición”.
—Único político—
Por su parte, el recién nombrado máximo responsable local del DIPA, José Luis Velázquez, ha sido el único en manifestar a los medios que “respetamos una orden judicial, como no puede ser de otro modo, pero por supuesto no la compartimos y mucho menos lo que no podemos consentir es que el
Ayuntamiento se escude siempre que se produce una situación como esta en una Orden Judicial que además han provocado ellos mismos; eso es de cobardes”. Se ha preguntado sobre “¿Dónde están ahora esos que tanto han denunciado en estos últimos días las Ordenanzas “.