Encarcelada desde el golpe de Estado militar de febrero de 2021 y con varias condenas de prisión en los últimos meses, la depuesta líder birmana Aung San Suu Kyi ha sufrido un nuevo revés al perder con su hermano un juicio sobre la venta de la histórica vivienda en la que pasó 15 años de arresto domiciliario.
Aunque no residía en ella desde hace una década, la elegante villa colonial, construida al borde del lago Inya, en Rangún, es considerada por muchos birmanos como un símbolo de la democracia y un lugar de relevancia histórica por haber sido durante tres lustros el lugar de detención de la derrocada líder y la casa en la que vivió sus primeros años.
La sentencia pronunciada en agosto por el Tribunal Supremo birmano, controlado por la junta militar que mantiene a Suu Kyi en prisión, no le quita su parte de propiedad, pero permite a su hermano mayor Aung San Oo, residente en Estados Unidos, venderla sin su consentimiento.
Los beneficios obtenidos por una hipotética venta, que San Oo no ha anunciado por el momento, se repartirían entre los dos hermanos, enemistados desde hace décadas, según el periódico digital The Irrawaddy.
La decisión judicial ha provocado la reacción del Gobierno de Unidad Nacional (NUG), un Ejecutivo paralelo que se autoproclama como legítimo frente a la junta militar y que reclamó este lunes que el edificio sea declarado patrimonio cultural de manera que no pueda ser vendido.
La vivienda, que según The Irrawaddy puede costar unos 27 millones de dólares en el mercado, está deteriorada, ya que no ha sido habitada desde 2012, dos años después de que Suu Kyi terminara sus 15 años intermitentes de arresto domiciliario impuesto por la anterior junta militar.
Aquel año vivió allí uno de sus momentos álgidos, cuando recibió al presidente estadounidense Barack Obama durante la transición a la democracia del país.
Allí murió en 1988 su madre, Khin Yi, quien había recibido la casa en 1947 de manos de las autoridades birmanas como reconocimiento a su marido, el héroe nacional Aung San, asesinado seis meses antes.
La derrocada líder, que el viernes sufrió una nueva condena de cárcel, tenía previsto repararla y utilizarla como sede de su fundación solidaria Khin Yi, en honor a su madre.
LARGA DISPUTA
La disputa entre los dos hermanos comenzó en 2000, cuando Suu Kyi cumplía con uno de sus arrestos domiciliarios y su hermano la demandó al reclamar como suya la casa familiar.
Tras ser rechazada su demanda, reclamó la propiedad parcial de la vivienda y en 2016 un tribunal decidió dar a cada uno parte de las zonas edificadas y del terreno de más de 7.000 metros cuadrados a orillas de un lago en Rangún.
Aung San Oo pidió tres años después la autorización para vender la casa aunque no estuviera de acuerdo su hermana, una reclamación aprobada el pasado agosto por el Tribunal Supremo, controlado ahora por la junta militar que mantiene encarcelada a Suu Kyi, quien no ha podido defenderse en el caso.
DE NUEVO ENTRE REJAS
La depuesta líder, de 77 años, está privada de libertad desde la mañana del golpe de Estado del 1 de febrero de 2021 y su único contacto con el mundo exterior son los escasos encuentros que le permiten mantener con sus abogados para defenderse de la panoplia de casos en su contra.
Tras unas semanas de arresto domiciliario, Suu Kyi fue trasladada a otro lugar no revelado y desde el pasado junio está recluida en la cárcel de Naipyidó, la capital.
Con la condena a tres años de cárcel pronunciada la semana pasada por fraude electoral, Suu Kyi suma ya veinte años de condena por diversos cargos de los que ella se declara inocente y que sus abogados califican de fabulación.
Sus abogados, a los que la junta militar ha prohibido hablar con los medios de comunicación, han calificado como una fabricación todas las acusaciones presentadas en su contra.
El golpe militar ha sumido Birmania (Myanmar) en una profunda crisis política, social y económica y ha abierto una espiral de violencia con nuevas milicias civiles que han exacerbado la guerra de guerrillas que vive el país desde hace décadas.
Al menos 2.265 personas han muerto a raíz de la brutal represión ejercida por policías y soldados, que han llegado a disparar a matar contra manifestantes pacíficos y desarmados, según los datos recabados por la ONG birmana Asociación para la Asistencia de Presos Políticos.
