El instructor de esta causa, el magistrado del alto tribunal Manuel Marchena, le cita como imputado en los presuntos delitos de prevaricación y cohecho, según fuentes del alto tribunal, que también señalaron que el día 21 se ha llamado a declarar a otras a tres personas cuya comparecencia, en calidad de testigos, había solicitado la acusación popular, que ejercen los abogados Antonio Panea y José Luis Mazón.
Los testigos citados son María del Mar Bernabé, funcionaria de la Administración de Justicia que acompañó a Garzón como asistente durante su permanencia en Nueva York, donde disfrutaba de un permiso de estudios; Laura Turégano, responsable del Centro Juan Carlos I de la Universidad, que organizó los cursos; y el ex director del centro universitario James D. Fernández.
Segunda declaración del juez
Se tratará de la segunda ocasión en la que el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 comparece ante el Supremo, después de la que tuvo lugar el pasado 9 de septiembre en relación con la querella que se tramita contra él a instancias del sindicato de funcionarios Manos Limpias por una presunta prevaricación cometida cuando abrió una causa en la Audiencia Nacional por las desapariciones durante el franquismo.
En todo caso, Garzón podría ser citado a declarar una vez más si se rechaza el recurso de súplica que ha presentado contra la admisión a trámite de una tercera querella contra él, esta vez por intervenir conversaciones de los cabecillas de la trama de corrupción denominada "Gürtel" con sus abogados en prisión.
Los querellantes habían solicitado las declaraciones de estos tres testigos, entre otros, por dudar de la veracidad de un documento aportado por la defensa que certifica que el magistrado ni solicito ni recibió financiación de la entidad para organizar estas jornadas.
En un escrito al Supremo, los abogados Antonio Panea y José Luis Mazón señalaban que el contenido del citado certificado, que lleva la firma de James D. Fernández y de la actual directora del centro, Jo Labanyi, no se corresponde con la realidad porque su contenido contradice el de otros documentos que ya obran en la causa, aportados por el propio Banco Santander.
"La documentación aportada por el Banco Santander en las presentes diligencias pone de relieve que 100.000 dólares de los 302.000 de que se compusieron los dos patrocinios fueron desviados desde el Banco de Santander hacia la Universidad de Nueva York, evitando su ingreso en las cuentas del Centro Juan Carlos I de España" (que era el que organizaba directamente los cursos), según señalaban.
Con directivos
Aludían igualmente los querellantes a otro documento en el que el responsable del banco en EE.UU., Gonzalo de las Heras, da cuenta al presidente de la entidad de una comida con Garzón celebrada el 21 de abril de 2005 y le señala: "Nos habló de sus contactos con las autoridades antiterroristas americanas y de los programas que desde la cátedra King Juan Carlos I of Spain quiere organizar. (...) Hoy me envía la propuesta que te adjunto, y que me parece importante aunque ambiciosa".
"Esta documentación aportada en las actuaciones pone inequívocamente de relieve que la información proporcionada por el certificado aportado por el querellado es falsa, ya que no es la Universidad o el Centro Rey Juan Carlos I quien pide, sino el querellado -valiéndose, claro está, de su cargo como reza al pie de firma (Garzón firmaba como magistrado-juez) y de la problemática condición por entonces del presidente del Santander, imputado en varios procesos penales ante la propia Audiencia Nacional (...)-", añaden los letrados.
Decían también que otros documentos indican que los gastos de viaje se desembolsaron directamente a proveedores de servicios "con arreglo a las facturas presentadas por el juez", y que el Centro Juan Carlos sufragó asimismo "la educación de la hija del juez, escolarizada en la Escuela Internacional de las Naciones Unidas durante el año escolar 2005-2006".
La defensa de Garzón aportó la semana pasada al Tribunal Supremo un documento de la Universidad de Nueva York en el que se certifica que ni solicitó ni recibió financiación del Banco Santander para la organización de unos cursos en Nueva York en el periodo 2005-2006, circunstancia por la que es investigado en este órgano por los presuntos delitos de prevaricación, cohecho y estafa.
Con este documento, el letrado de Garzón, Gonzalo Martínez-Fresneda, pretende contrarrestar las razones por las que el Tribunal Supremo admitió a trámite la querella por estos hechos, una de las cuales fue la de estimar como "hecho nuevo" que fuera personalmente Garzón quien solicitara a la entidad bancaria la entrega del dinero para sufragar los gastos que originarían unas actividades "en las que participaría directa y personalmente de forma relevante".
Los letrados querellantes, José Luis Mazón y Antonio Panea, relacionan la supuesta percepción de 302.000 dólares por parte de Garzón por la organización de los cursos con la decisión de éste de no admitir a trámite posteriormente una querella formulada contra directivos del Banco Santander, entre ellos su presidente Emilio Botín, en el proceso penal por las "cesiones de crédito".
