La fianza iguala la más alta impuesta en la última década en casos de corrupción vinculados con la política. Se trata de la que fue fijada el 23 de abril de 2008 para el ex asesor de Urbanismo del Ayuntamiento de Marbella (Málaga) Juan Antonio Roca, vinculado al Grupo Independiente Liberal (GIL) de Jesús Gil.
En el auto de medidas cautelares dictado ayer, Castro también prohíbe a Matas abandonar el país, por lo que no puede volver a su trabajo en Estados Unidos, y le retira definitivamente el pasaporte, dado el riesgo de fuga existente ante los delitos que se le imputan, penados con hasta 64 años de cárcel.
En su escrito, el juez acusa al ex ministro de Medio de Ambiente de siete delitos de malversación de caudales públicos, un delito de falsedad en documento oficial, otro de prevaricación administrativa, uno de fraude a la Administración, uno de blanqueo de capitales y un delito electoral.
El juez indica que, “dada la gravedad de los hechos”, Matas “bien puede darse por satisfecho” de que las acusaciones “no hayan pedido una medida cautelar más severa”, como la prisión incondicional, y considera los tres millones de fianza adecuados a “la naturaleza de los delitos, las circunstancias concurrentes y la economía del encausado”.
Castro ha dado de plazo hasta la medianoche del miércoles 7 de abril para que Matas deposite su fianza personal y, de no hacerlo, ingresará en prisión.
Al cuñado del ex presidente Fernando Areal, que fue gerente del PP balear y al que ha retirado el pasaporte y le ha prohibido salir de España, el juez le acusa de tres delitos: dos de blanqueo y un delito electoral. Estos delitos conllevarían una pena máxima de 15 años de cárcel.
En el auto, Castro indica que no se puede explicar el incremento del patrimonio de Matas durante la anterior legislatura y le atribuye, “con seguridad absoluta”, la propiedad de dos pisos en Madrid (que costó 1 millón de euros) y en la Colonia de Sant Jordi, Mallorca, (por unos 200.000 más), ambos a nombre de otras personas.
También apunta que con sus ingresos no pudo hacer frente a estas compras, ni tampoco a la adquisición y reforma de un piso en un palacete de Palma, cuando la vivienda le costó 950.000 euros (Hacienda la valoró en 2,5 millones) y las reformas 1,3 millones.
“Resulta imposible que con los ingresos declarados por la familia Matas-Areal pueda acumularse tal patrimonio y más imposible aún si se hacen compatibles tales adquisiciones con un tren de vida de absoluto derroche y ostentación”, indica el juez.
El juez afirma que, si bien “cabía esperar” que Matas ofreciera explicaciones que pudieran “desvirtuar los abrumadores elementos de cargo que pesaban sobre él”, finalmente su larga declaración de quince horas resultó tener un “escueto” contenido.
La respuesta a esta paradójica situación es, según el juez, “simple”: “Se invirtió más en formular las preguntas que en el desarrollo de las respuestas, que en su generalidad brillaron por su ausencia”. Es más, considera que algunas de las explicaciones que dio Matas suponen una “burla” a su juzgado y a los ciudadanos y, en otros casos, “todo un disparate”.
En cuanto a la construcción del velódromo Palma Arena durante la anterior legislatura, que costó más del doble de lo presupuestado, hasta 110 millones, Castro afirma que, lejos de creer al ex presidente cuando dijo que él no controlaba su gestión, “no cabe imaginar” que las “irregularidades” hayan podido tener lugar “sin su mandato en algunos casos y su consentimiento o tolerancia en otros”.
Castro recuerda que Matas se desvinculó de estas decisiones alegando que era el presidente de la comunidad y apunta a que el ex mandatario utilizaba en su comparecencia “con mucha frecuencia” la expresión de “¡Hágase!” (a juicio del juez “rayana a la divinidad”) para “aludir a la manifestación de su voluntad política”.
Respecto a la posible financiación irregular del PP, el auto refiere el pago con fondos públicos de dos facturas por casi 5.000 euros por limpieza y servicios de seguridad del Palma Arena durante un mitin del presidente del PP, Mariano Rajoy, en mayo de 2007.
