A través de un comunicado, la UPF exige además que todas las autoridades “rijan su actuación exclusivamente por la legalidad y el Derecho, y no por intereses, razones o influjos de una supuesta 'razón de Estado'”.
Esta asociación de fiscales progresistas considera que la mera existencia de los documentos difundidos por los medios de comunicación requiere que la Fiscalía dé “las más detalladas explicaciones” para disipar cualquier “atisbo de duda” que pueda surgir sobre el escrupuloso respeto a la legalidad y los principios constitucionales que debe mantener la institución.
NUEVAS FILTRACIONES
Ministros españoles “trabajaron” para que no prosperasen las órdenes de detención internacional contra los tres soldados involucrados en el asesinato del cámara de televisión José Couso en Bagdad, según asegura el ex embajador de EEUU en Madrid Eduardo Aguirre en un telegrama confidencial.
Así lo recogen los documentos filtrados por Wikileaks a El País, donde se refleja el apoyo del Ejecutivo español a la embajada de EEUU en el caso Couso.
Sobre este asunto, el embajador dirigió un cable a la secretaria de Estado de EEUU, Condoleezza Rice, en el que aseguraba que el Gobierno español había “ayudado entre bastidores” a que la fiscalía apelara las decisiones del juez.
En julio de 2004, el encargado de negocios de la embajada le dijo al entonces secretario de Estado de Exteriores, Bernardino León, que si el juez acusaba formalmente a los soldados, EEUU esperaba que el Ministerio de Asuntos Exteriores expresara claramente a la Audiencia Nacional su oposición.
