En el caso hipotético de que los 12 millones de fumadores que viven en España decidieran cortar con la nicotina, apoyados por una terapia farmacológica que puede costar 300 euros por persona, la Sanidad pública tendría que desembolsar 3.600 millones de euros.
Mientras que los gobiernos de Cataluña y Madrid no se han pronunciado sobre esta posibilidad, fuentes del Servicio Extremeño de Salud (SES) han confesado que no tienen intención de financiar unos productos que, actualmente, abonan los interesados.
La Consejería de Sanidad de Murcia se ha situado en la misma línea, dados los ajustes económicos derivados de la crisis y sus problemas de déficit, según un portavoz de ese departamento.
El responsable cántabro de Sanidad, Luis Truan, ha descartado la medida porque "no es el momento de incluir muchas más financiaciones" cuando toca apretarse el cinturón.
No obstante, el Gobierno de Cantabria sufraga una parte de estos medicamentos a los pacientes hospitalizados por problemas derivados del tabaquismo, con una inversión anual de 90.000 euros.
La directora de Asistencia Sanitaria del Servicio Gallego de Salud, María Nieves Domínguez, cree que volver a incrementar el gasto farmacéutico necesitaría de una "importante reflexión", dado que actualmente hay que garantizar la "sostenibilidad" del sistema.
El Ejecutivo canario está a favor de la iniciativa aunque reconoce que no existen medios económicos para poder asumirla. Por ello, sostiene que cualquier medida que tome el Ministerio de Sanidad debe de ir acompañada de una financiación específica.
La Junta de Castilla y León no aceptará un posible "yo invito y tu pagas" por parte del Ministerio, según ha dicho el consejero de Familia e Igualdad de Oportunidades de esta Comunidad, César Antón, quien ha advertido de que si el Gobierno se decide por ello debe de hacerlo sin pasar la factura a las autonomías.
La Generalitat Valenciana considera que en la actual situación de crisis económica "no se puede ampliar" la cartera de servicios de la Sanidad Pública, si esto no va acompañado de una financiación adecuada para las comunidades, según fuentes de este departamento.
En la Comunitat, la administración solo financia los tratamientos para personas con problemas respiratorios graves y en los casos en los que expertos estiman, tras analizar su situación, que no podrán dejar el habito por voluntad propia.
Fuentes del Gobierno de Aragón han explicado que este planteamiento supondría modificar la cartera de servicios de la Sanidad, por lo que debería de analizarse en profundidad en el seno del Consejo Interterritorial.
En Castilla-La Mancha, el consejero de Salud y Bienestar Social, Fernando Lamata, ha dicho que si esta medida supone un gasto para las Comunidades tendrían que recibir financiación adicional.
Asturias tiene ya su propio criterio y costea el tratamiento en algunos casos de alto riesgo dentro de las Unidades Especializadas en Tabaquismo, mientras que Andalucía ofrece "múltiples iniciativas terapéuticas" que han demostrado una "elevada eficacia", por lo que continuará "trabajando en esta línea".
En el País Vasco, a propuesta del PP, se aprobó una partida de 600.000 euros en el presupuesto de este año para formar al personal sanitario en la prescripción de estos fármacos, y este mismo grupo va a defender en la tramitación de la futura Ley vasca una enmienda para que la Administración sanitaria se haga cargo de su coste.
La Consellería de Salud de Baleares entiende que Pajín no ha hablado de financiar todos los medicamentos, porque "no todas las personas necesitan un fármaco para dejar de fumar", sino de respaldar a las Comunidades que ya desarrollan actuaciones.
En Navarra, desde 2003, el Servicio de Salud prescribe gratuitamente los medicamentos con receta dentro del Programa de Ayuda para dejar de Fumar, junto con educación individual y grupal.
El Gobierno de La Rioja, desde 2007, ya asume el coste total de las terapias farmacológicas, en lo que ha invertido 1,3 millones de euros y de los que se han beneficiado unos 10.400 riojanos.
La Ciudad Autónoma Ceuta acogería que la Sanidad pública financiase los tratamientos, algo que ya costea su Administración desde hace varios años pese a no tener transferidas estas competencias.
